La Propuesta de Ley de Justicia Tributaria de Honduras ha suscitado un extenso diálogo en la nación, debido a las potenciales repercusiones que podría ocasionar en la economía y el sector productivo del país. Esta propuesta, promovida por el gobierno del Partido LIBRE, se considera un medio para luchar contra la evasión de impuestos y mejorar la recaudación del estado. No obstante, su contenido y extensión han sido entendidos de formas diversas por los diferentes actores económicos y sociales.
La iniciativa considera suprimir los sistemas de exención de impuestos, incrementar la presión tributaria y otorgar más libertad al Estado en la gestión de estímulos económicos. Estas acciones han sido percibidas por ciertos segmentos empresariales como un indicio poco alentador para la inversión y la manufactura, generando dudas y inquietud en el contexto económico de Honduras.
Impacto en la inversión privada y el trabajo
Varias asociaciones empresariales, cámaras de comercio e inversionistas tanto locales como internacionales han expresado que la propuesta legislativa podría tener consecuencias negativas en la inversión privada en Honduras. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) señala que si la ley se aprueba tal como está, se podría ver una disminución importante en la inversión extranjera directa. Además, compañías de zonas francas y del sector agroindustrial estarían considerando la opción de abandonar el país o reducir sus actividades, lo que afectaría directamente al empleo formal y a la economía del país.
Desde que se presentó el borrador de la legislación, ya se han observado cierres de negocios de pequeña y mediana escala, especialmente en los sectores de confección, logística y exportación, que operaban con beneficios fiscales. En áreas como Choloma, Villanueva y San Pedro Sula, las fábricas han comenzado a reducir su personal, mencionando la incertidumbre fiscal como una de las razones principales. Esta coyuntura pone en peligro miles de trabajos y podría empeorar si el proyecto no es revisado o detenido. El COHEP también indica que el avance económico podría enfrentar una desaceleración severa en el año posterior a la implementación de la ley, y que el incremento del desempleo y la informalidad serían resultados inevitables de su aplicación.
Entorno regional, político y discusión sobre la equidad fiscal
La discusión acerca de la Ley de Justicia Tributaria se lleva a cabo en un marco regional y político específico. La supresión de exenciones fiscales podría distanciar a Honduras de las estrategias que han posibilitado a naciones como Costa Rica, El Salvador y República Dominicana conservar sistemas de atracción de capital y estabilidad financiera, considerados elementos esenciales para su competitividad. Esta realidad podría impactar la posición de Honduras en Centroamérica y el Caribe, desmotivando tanto a inversionistas nuevos como a los ya existentes, quienes podrían decidir mover su capital a países con condiciones más favorables para el crecimiento empresarial.
El entorno político e ideológico ha afectado la imagen del proyecto, dado que ciertos sectores corporativos ven el mensaje gubernamental como opuesto a los intereses empresariales y en sintonía con sistemas económicos que han generado cambios estructurales en otras naciones de la región. Esto aumenta el miedo a una posible transformación del modelo económico local sin un plan estratégico o una perspectiva clara de sostenibilidad.
Por otra parte, los partidarios de la Ley de Equidad Tributaria sostienen que los beneficios fiscales han favorecido la acumulación de riqueza y disminuido la capacidad del estado para financiar políticas orientadas a la equidad social y a combatir la pobreza. De acuerdo con cifras oficiales, el 92 % de las exenciones se otorgan al 10 % de las empresas más adineradas, mientras que el 90 % restante de las compañías solo obtiene el 8 % de estos incentivos. Desde junio de 2009 hasta diciembre de 2022, el Estado dejó de percibir 455 mil millones de lempiras a causa de estos esquemas.
El plan no introduce nuevas cargas fiscales ni aumenta las tarifas ya establecidas, sino que busca cerrar vacíos legales y mejorar la captación de ingresos fiscales directos de grandes corporaciones y fortunas, con el fin de disminuir la desigualdad en la recolección de impuestos. No obstante, la supresión de sistemas fiscales tradicionales, como el Régimen de Importación Temporal (RIT), vigente por cuatro décadas, podría forzar el cierre de muchas compañías que dependen de este modelo. El COHEP ha indicado que la propuesta de asegurar la convertibilidad inmediata al RIT podría ser vista como una acción que perjudica la liquidez y viabilidad de las empresas.
Honduras enfrenta un gran desafío económico
El debate acerca de la Ley de Justicia Tributaria sigue siendo un tema de división. Hay quienes piensan que podría establecer un sistema impositivo más justo e igualitario, mientras que otros alertan que su implementación podría empeorar la crisis económica, incrementar el desempleo y causar una fuga de capitales. La votación definitiva en el Congreso Nacional será clave para el futuro económico de Honduras en los años venideros.
