Una investigación de un medio de comunicación ha colocado a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, en una situación complicada. El martes, InSight Crime informó que en 2013, el cuñado de la presidenta, Carlos Zelaya, sostuvo una reunión con influyentes narcotraficantes que ofrecieron grandes sumas de dinero para apoyar la campaña de Castro, quien en ese momento era candidata por el Partido Libre, para alcanzar el poder en la nación centroamericana. Aunque Castro no logró la victoria en esa ocasión, eventualmente ganó las elecciones y asumió la presidencia de Honduras en 2022. Al tomar el cargo, se comprometió a combatir el narcotráfico y la corrupción, con el objetivo de reconstruir lo que describió como una “tragedia nacional”. La mandataria reaccionó a la revelación este martes por la noche, a través de la televisión, condenando “cualquier negociación entre narcotraficantes y políticos” y denunciando un posible complot para “derribar su Gobierno”.
Carlos Zelaya es hermano de Manuel Zelaya, exmandatario de Honduras que fue destituido mediante un golpe de Estado, arrestado por las fuerzas armadas y enviado a Costa Rica en 2009. Según el informe de InSight Crime, Carlos Zelaya sostuvo encuentros con «algunos de los narcotraficantes más importantes de Honduras». El reportaje detalla que un video de 34 minutos, capturado por una cámara oculta en el reloj de uno de los narcotraficantes, muestra «imágenes y audio suficientemente claros» donde los traficantes recuerdan aportaciones anteriores, supuestamente hechas al exmandatario Mel Zelaya, esposo de Castro, hermano de Carlos, y fundador del Partido Libre. Según la investigación, los narcotraficantes «determinan cuánto van a contribuir colectivamente a Mel, un monto que confirman con Zelaya al llegar, antes de decidir cómo y cuándo entregar el dinero. Carlos también está involucrado en negociar el alquiler de hasta 10 vehículos para que el partido pudiera utilizarlos durante la campaña».
El cuñado de la presidenta reconoció haber viajado a San Pedro Sula, una ciudad industrial en el norte de Honduras, a invitación de un «grupo de empresarios» y haber dialogado con narcotraficantes, según informó InSight Crime. «No está claro qué motivó la confesión de Zelaya, pero esta sorpresiva admisión se produjo poco después de que InSight Crime hablara con alguien presente en la reunión. Sin embargo, Zelaya, quien también anunció su dimisión del Congreso, afirmó que solo conocía a una de las personas presentes en el encuentro. Además, negó haber recibido dinero de parte de los narcotraficantes», señala el informe del medio.
La presidenta Castro convocó la noche del martes a una cadena nacional de radio y televisión para responder a la investigación periodística y denunció un presunto complot para dañar su reputación y atacar al Ejecutivo bajo su liderazgo. “El complot para desestabilizar mi Gobierno socialista, democrático y el próximo proceso electoral, está en marcha. Las mismas fuerzas oscuras internas y externas de 2009, con la colaboración de los medios corporativos a nivel nacional e internacional, están reorganizándose en nuestro país para ejecutar un nuevo golpe de Estado, que el pueblo debe resistir”, expresó la mandataria.
Castro ha asumido el liderazgo de un país sumido en la violencia de las despiadadas pandillas que dominan amplias áreas y colaboran estrechamente con redes de narcotráfico. La presidenta prometió implementar “acciones contundentes” para combatir la violencia que consume a su nación y anunció el pasado verano una operación policial y militar contra las pandillas, similar a las medidas rigurosas adoptadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su lucha contra estas organizaciones criminales. Estas acciones han generado críticas significativas de grupos de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió en mayo pasado al Gobierno sobre el estado de excepción, señalando: “La seguridad no puede depender del Ejército”.
Castro ha asumido un país hundido en la violencia causada por las sanguinarias pandillas que controlan vastas regiones y que mantienen estrecha colaboración con agrupaciones del narcotráfico. La presidenta había prometido tomar “medidas drásticas” para luchar contra la violencia que desangra a su país y anunció el pasado verano una ofensiva policial y militar contra las pandillas similares a las duras medidas tomadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su guerra contra esas agrupaciones criminales, que han generado fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó en mayo pasado al Gobierno sobre el estado de excepción: “La seguridad no puede estar en manos del Ejército”.
La reacción de la presidenta se da en medio de relaciones tensas con Estados Unidos, tras una serie de comentarios de la embajadora de ese país en Tegucigalpa, Laura Dogu, quien acusó de “narcotraficantes” al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, y al exministro de Defensa José Manuel Zelaya, hijo de Carlos Zelaya y sobrino de la presidenta, quien dimitió la semana pasada por los supuestos lazos de su padre con narcotraficantes. La presidenta Castro ha tensado más la cuerda con Washington tras decidir terminar el pasado miércoles con el tratado de extradición bilateral que mantenía con EE UU.
El video, según relatan los periodistas en el reportaje, inicia con varios individuos dialogando en la sala de una opulenta mansión. «Fue grabado en noviembre de 2013. En ese periodo, Devis y Javier Rivera eran los líderes de Los Cachiros, el grupo de narcotraficantes más famoso del país, pero lidiaban con una ofensiva sin precedentes de las fuerzas de seguridad, tanto a nivel nacional como internacional. Recientemente, Honduras había aprobado una reforma constitucional que permitió la extradición de sus ciudadanos por cargos relacionados con el narcotráfico».
El video, cuentan los periodistas en el reportaje, comienza con varios hombres conversando en la sala de una lujosa mansión. “Fue grabado en noviembre de 2013. En ese momento, Devis y Javier Rivera lideraban Los Cachiros, el más infame grupo de narcotraficantes del país, pero enfrentaban una ofensiva sin precedente de las fuerzas de seguridad en casa y en el extranjero. Hacía poco que Honduras había aprobado una reforma constitucional que allanó el camino para que sus ciudadanos fueran extraditados por acusaciones de narcotráfico”.
Así explican los periodistas cómo consiguieron la filmación: “En septiembre de 2013, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a los Cachiros, y poco tiempo después, Honduras incautó millones de dólares en presuntas propiedades del grupo. Previendo una futura acusación por parte de Estados Unidos, y buscando poder negociar un posible acuerdo de cooperación con los fiscales norteamericanos, los hermanos Rivera comenzaron a grabar sus reuniones con narcos y políticos a través de cámaras espía”. InSight Crime recibió una copia del video en el que aparece Carlos Zelaya de una fuente “que pidió permanecer en el anonimato” y confirmó su autenticidad con otras fuentes que conocían ese documento. El video muestra que el familiar de los Zelaya pudo haber recibido más de medio millón de dólares de los narcotraficantes, a pesar de que él lo ha negado. “Toda la ayuda que le vamos a dar va para Mel… el compromiso con nosotros es Mel”, afirma uno de los narcos.
