Diez meses tras la difusión del video que conecta a un personaje relevante del liderazgo presidencial con el tráfico de drogas, la Fiscalía de Honduras sigue sin mostrar avances claros. La falta de acción del Ministerio Público respecto a un escándalo que afecta al entorno inmediato de la presidenta Xiomara Castro ha incrementado la presión política y ha acrecentado la desconfianza en las instituciones.
Ministerio Público sin explicaciones definitivas en un caso de gran repercusión
En septiembre de 2024, se reveló el video denominado “narcovideo”, en el cual se observa a Carlos Zelaya, hermano del exmandatario Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta Castro, participando en un encuentro con traficantes de drogas. Desde entonces, la Fiscalía no ha formulado acusaciones formales ni ha mostrado avances procesales concretos. En el video, los participantes ofrecen 13 millones de lempiras para apoyar la campaña de LIBRE en 2013, el partido que actualmente está en el poder.
Después de la revelación, Carlos Zelaya dimitió de sus funciones como legislador y secretario del Congreso Nacional. También renunció su hijo, José Manuel Zelaya, quien estaba a cargo del Ministerio de Defensa. Rafael Sarmiento, el líder del grupo parlamentario oficialista, igualmente dejó su cargo a disposición. No obstante, aparte de estas dimisiones, no se han tomado medidas judiciales específicas.
El Ministerio Público ha informado que el caso se encuentra “en análisis”, con solicitud de asistencia jurídica a Estados Unidos para obtener el video completo y documentación relacionada con juicios previos. No obstante, a la fecha no se conocen resultados de dichas gestiones, ni se ha presentado un cronograma público de investigación.
Respuestas políticas y exigencias de transparencia
La publicación del video causó una serie de respuestas de varios grupos. La presidenta Xiomara Castro rechazó cualquier relación entre políticos y grupos delictivos, pero señaló que la divulgación era un esfuerzo por desestabilizar su administración antes de las elecciones de 2025.
Sin embargo, para organizaciones que luchan contra la corrupción y grupos opositores, el escándalo ha generado dudas sobre la integridad del proyecto político de LIBRE. Diversos actores han llegado a pedir la dimisión de la presidenta, alegando que el caso va en contra de su retórica de cambio con el pasado y de combate al narcoestado.
Estas posiciones muestran un incremento de la tensión en el entorno político nacional, donde las demandas para aclarar responsabilidades se enfrentan a una respuesta institucional vista como deficiente. La carencia de medidas concretas del Ministerio Público ha reforzado la percepción de impunidad en casos relacionados con individuos próximos al poder.
Desgaste institucional en un entorno de polarización electoral
El “narcovideo” no ha sido un episodio aislado. Se suma a una serie de escándalos recientes que han debilitado la confianza ciudadana en las promesas de cambio formuladas por la administración de Castro. La falta de respuestas judiciales ha reforzado la percepción de que el aparato estatal no actúa con la misma contundencia cuando los implicados forman parte del oficialismo.
Con las elecciones generales programadas para noviembre de 2025, este caso adquiere relevancia estratégica. La oposición ha comenzado a capitalizar el desgaste del gobierno, mientras el oficialismo busca minimizar el impacto del escándalo en su narrativa pública. En este escenario, la demanda social por transparencia y justicia se mantiene como un eje de presión constante.
Un caso que señala la situación de la institucionalidad en Honduras
A casi un año de su divulgación, el narcovideo permanece sin consecuencias jurídicas visibles, mientras se acumulan cuestionamientos al rol de la Fiscalía y al compromiso del gobierno con la transparencia. La prolongada falta de acción contribuye a deteriorar aún más la legitimidad de las instituciones, en un país marcado por el historial de impunidad y la persistente influencia del crimen organizado en la política.
La gestión de esta situación implica, no solo un desafío inminente para el gobierno de Xiomara Castro, sino también un examen crucial para la fortaleza del Estado de derecho en Honduras. La forma de abordarla o ignorarla determinará el rumbo de la confianza institucional frente a un proceso electoral extremadamente polarizado.
