A medio año de las elecciones generales del 30 de noviembre, el partido gobernante Libertad y Refundación (LIBRE) se encuentra en una situación difícil caracterizada por conflictos internos, denuncias de corrupción y una notable caída en el apoyo electoral. En un panorama político cada vez menos claro, el deterioro continuo del partido en el poder podría acabar con su mandato.
Rupturas internas y falta de unidad
La designación de Rixi Moncada como la postulante del oficialismo reveló conflictos latentes en LIBRE. La dimisión subsiguiente del legislador Jorge Cálix, alguien con experiencia en la organización, puso de relieve diferencias significativas sobre la dirección política y el liderazgo del partido. Cálix, junto con otros líderes que también se alejaron del grupo, criticó prácticas dictatorial y un ambiente de marginación.
Como respuesta, la dirigencia del partido convocó movilizaciones en respaldo tanto de la presidenta Xiomara Castro como de la propia Moncada. No obstante, estos actos no lograron revertir la percepción de una organización debilitada, sino que han sido interpretados por diversos sectores como intentos por retener el control político en medio de un entorno adverso.
Casos de corrupción y dudas sobre la claridad
La situación empeoró ante las acusaciones de supuestas anomalías en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), donde legisladores asociados al partido oficialista fueron acusados de malversar fondos destinados a programas sociales. El caso más representativo fue el de la diputada Isis Cuéllar, cuya suspensión fue declarada junto con la eliminación de fondos sociales y una medida sin precedentes: la renuncia masiva del partido a la inmunidad parlamentaria.
Aunque estas resoluciones parecen firmes, los grupos opositores, particularmente el Partido Nacional, las describieron como movimientos meramente simbólicos para distraer la atención. De acuerdo con sus representantes, las medidas del gobierno no han supuesto sanciones verdaderas ni investigaciones concretas que aseguren la rendición de cuentas.
Inconformidad del ámbito privado y peticiones para detener la decadencia institucional
Las críticas no se han limitado al ámbito político. Desde el sector empresarial, voces relevantes han manifestado su preocupación por el rumbo del país. En una reciente intervención pública, Eduardo Facussé, expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), responsabilizó directamente al gobierno de traicionar el mandato popular con prácticas que, según él, incluye nepotismo, uso discrecional de fondos públicos y falta de transparencia en casos emblemáticos como SEDESOL, la estafa Koriun y denuncias sobre presuntos vínculos con redes criminales.
Facussé alertó sobre la fragilidad de las instituciones y exhortó a la población a proteger el Estado de Derecho frente a lo que él percibió como un esfuerzo por establecer un sistema autoritario e insostenible económicamente.
Desplome en las encuestas y reconfiguración del mapa electoral
Los sondeos de opinión más actuales muestran una disminución rápida de LIBRE en la preferencia electoral. Según la información recolectada entre mayo y junio, el respaldo al partido gobernante ha variado entre el 11 % y el 28.5 %, mucho menos que el 42 % observado en marzo. Esta tendencia a la baja, junto con la fluctuación entre sondeos, indica una base de votantes dividida y en búsqueda de otras opciones.
Simultáneamente, contendientes de la oposición como Salvador Nasralla y Nasry Asfura han incrementado su influencia, logrando tasas de respaldo que oscilan entre el 25 % y el 36 %. Las opiniones de los ciudadanos también reflejan el desgaste gubernamental: la presidenta Xiomara Castro obtiene una puntuación media de solo 4.1 sobre 10, en un escenario caracterizado por escándalos sin resolver y una percepción creciente de ineficiencia.
Una perspectiva ambigua para el gobierno actual
La situación actual enfrenta a LIBRE a un desafío significativo. La mezcla de problemas internos, debilitamiento de las instituciones, falta de confianza y desaprobación pública ha mermado su posición ante las elecciones generales. Si continúan en esta dirección, el partido gobernante corre el peligro de no solo perder el mando del Ejecutivo, sino de poner en riesgo el proyecto político que los llevó al poder en 2021.
En esta situación, el resultado estará ligado a la habilidad del partido para reorganizar su estructura interna, escuchar las demandas de la sociedad y proporcionar soluciones concretas frente a las acusaciones de corrupción. Si no lo hacen, las elecciones del 30 de noviembre podrían representar un cambio significativo en el panorama político de Honduras.
