La impunidad y el narco video de Carlos Zelaya: ¿qué pasa con la justicia en Honduras?

Casi un año después de la filtración del polémico narco video, que involucra al diputado Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, con narcotraficantes, las autoridades judiciales del país no han dado señales de avances sustanciales en la investigación. El caso se mantiene en un punto muerto, lo que refuerza las sospechas de una justicia selectiva en el país y plantea cuestionamientos sobre la independencia y la eficacia del Ministerio Público.

La falta de justicia en el asunto de Carlos Zelaya

El video que provocó el alboroto fue difundido en 2024 por el sitio de investigación InSight Crime y otros medios de comunicación. En este se ve a Zelaya participando en un encuentro donde discute contribuciones financieras para la campaña del partido LIBRE con personas identificadas como narcotraficantes. A pesar de la seriedad de las imágenes y la renuncia de Zelaya al Congreso, no se han logrado avances importantes en las indagaciones ni en los procedimientos judiciales.

El caso ha generado una creciente preocupación sobre la imparcialidad de la justicia en Honduras, especialmente porque se contrasta con otros casos de alto perfil que han sido procesados con rapidez. Este es el caso del exgeneral Romeo Vásquez Velásquez, quien fue acusado de recibir sobornos del cártel de Los Cachiros y fue rápidamente sometido a juicio tras la divulgación de videos comprometedores.

Reacciones de la sociedad civil y voceros políticos

Diversos ámbitos de la sociedad civil y la política han manifestado su asombro y descontento por la falta de acciones del Ministerio Público en lo relativo al caso de Carlos Zelaya. Tanto ciudadanos como dirigentes políticos, demandan que la justicia se aplique equitativamente, investigando a Zelaya con la misma rapidez que a otros involucrados en situaciones análogas. El antiguo fiscal Edmundo Orellana ha mencionado que la fiscalía, liderada por Johel Zelaya, le debe a la población una respuesta por no proceder con la misma rapidez que en otros procesos judiciales relevantes.

Además, organizaciones como InSight Crime advierten que Honduras enfrenta un patrón de justicia desigual, donde las figuras del oficialismo parecen estar por encima de la ley, mientras que los opositores y figuras independientes son tratados con severidad. Esta percepción de parcialidad socava la confianza en el sistema judicial, que se ve cuestionado por no aplicar la ley de manera equitativa.

El llamado a la creación de la CICIH

El caso sin resolver de Zelaya destaca un problema más extenso en el país: la imperiosa urgencia de establecer una entidad anticorrupción autónoma con proyección internacional. A pesar de que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) se presentó como una medida para combatir la corrupción generalizada, su puesta en marcha ha sido paralizada en el Congreso, donde se han enfrentado dificultades políticas para su conformación.

Este parón ha suscitado críticas tanto en Honduras como a nivel internacional. Entidades internacionales y analistas políticos están de acuerdo en que la ausencia de un ente global que vigile los procedimientos judiciales y rectifique posibles parcialidades internas favorecerá la continuidad de la impunidad. La presión popular aumenta, acompañada del pedido para establecer la CICIH, vista como un recurso esencial para recuperar la confianza en el sistema judicial del país.

La urgencia de progresos en el sistema judicial

La falta de avances en la investigación del narco video de Carlos Zelaya pone de relieve las profundas tensiones que atraviesan las instituciones judiciales de Honduras. La percepción de que la justicia es selectiva y parcial está socavando la legitimidad de las autoridades encargadas de velar por el estado de derecho. La comunidad internacional y los actores nacionales insisten en que, si no se avanza con transparencia, el sistema judicial hondureño continuará siendo visto con escepticismo. En este contexto, la creación de la CICIH y una verdadera reforma judicial parecen ser fundamentales para garantizar que los casos de alto impacto político no se queden en la impunidad.

By Monique Nuñez