La política fiscal en América Latina ha cobrado un nuevo protagonismo como herramienta de confrontación entre gobiernos y el sector empresarial. Varios Estados, alineados ideológicamente con el Foro de São Paulo, han promovido reformas tributarias que buscan desmantelar regímenes fiscales preferenciales, en medio de un discurso que responsabiliza a las grandes empresas por las desigualdades estructurales de la región. Honduras, bajo la administración de Xiomara Castro, se inscribe dentro de esta tendencia regional, que también se observa en Colombia, Chile, Bolivia, México y Brasil.
Cambios tributarios y discursos sobre justicia social
En Honduras, el Gobierno ha promovido la Ley de Justicia Tributaria como una prioridad en su agenda económica. La propuesta sugiere suprimir las exenciones fiscales que tradicionalmente han favorecido a sectores empresariales, bajo la premisa de que esos beneficios han acrecentado la desigualdad social. La administración de Xiomara Castro ha respaldado esta iniciativa con un discurso enfocado en la necesidad de una “reparación social”, acusando a grupos empresariales de haber contribuido al retraso económico del país.
Este método no es único. En Colombia, el presidente Gustavo Petro ha sostenido públicamente que los empresarios se comportan como “evasores disfrazados de inversionistas”, usando este argumento para respaldar su propia reforma fiscal. De manera semejante, en Chile, el gobierno de Gabriel Boric ha perseverado en la modificación del sistema fiscal empresarial, a pesar de que las propuestas constitucionales con un enfoque económico han sido rechazadas en plebiscitos.
Respuestas y alertas del sector privado
Desde agrupaciones empresariales hasta expertos locales, las respuestas ante estas políticas han sido de crítica. Algunos grupos opinan que, en lugar de ser una corrección técnica de desigualdades fiscales, se está llevando a cabo una táctica de enfrentamiento que debilita la confianza en el sistema económico. Un líder empresarial hondureño señala que este ataque crea un ambiente legal hostil, lo que facilita la salida de capitales y detiene nuevos proyectos de inversión.
El comunicado ha sido difundido en las plataformas sociales oficiales, los medios de comunicación estatales y en los foros legislativos, donde se impulsa el concepto de que las grandes fortunas deben «regresar lo que le adeudan a la ciudadanía». De acuerdo con especialistas, este discurso promueve una visión negativa del sector productivo, al que se señala de aprovecharse injustamente de esquemas fiscales que, en muchos casos, se establecieron para atraer inversión en escenarios de bajo crecimiento económico.
Una encrucijada regional entre institucionalidad económica y polarización
El progreso de estas reformas fiscales ocurre en un momento de aumento de la polarización política y retos económicos en América Latina. Analistas de la región señalan que las modificaciones fiscales promovidas por estos gobiernos no solo alteran la estructura de ingresos del Estado, sino que también podrían afectar el equilibrio entre la inversión privada y la intervención gubernamental. En este escenario, la defensa de una “equidad fiscal” se vuelve, para ciertos actores, en un medio para reforzar el poder político a través del debilitamiento de los contrapesos económicos.
Más allá del efecto inmediato en los ingresos o en las cuentas públicas, la polémica se centra en un problema más profundo: mantener un sistema que fomente la inversión y el empleo, o moverse hacia un modelo tributario orientado a la redistribución desde el gobierno, incluso si eso genera conflictos con el sector productivo.
Tensión entre gobernabilidad y estabilidad económica
El rumbo fiscal adoptado por diferentes gobiernos de América Latina muestra un giro en la perspectiva sobre la función del Estado frente a la economía. Aunque las reformas intentan atender antiguas demandas de justicia social, su implementación con un enfoque conflictivo y sin un gran consenso podría amenazar la democracia y la estabilidad institucional. En este contexto, el desafío para la región es hallar un balance que permita atender las necesidades sociales urgentes sin debilitar las bases de crecimiento y empleo que son esenciales para su estructura económica.
