A más de dieciocho meses desde que el gobierno de Xiomara Castro implementó el estado de excepción, las tasas de violencia y delincuencia en Honduras no han mostrado una reducción constante, lo que ha profundizado la discusión sobre la eficacia de esta estrategia en el ámbito de la seguridad nacional.
Desde su implementación en diciembre de 2022, el estado de emergencia fue concebido como una medida inmediata para combatir la dominación territorial de pandillas en áreas tanto urbanas como rurales. No obstante, su uso continuo durante más de 18 meses y las sucesivas extensiones no han conseguido frenar problemas como la extorsión, los asesinatos y otras formas de violencia que impactan directamente a sectores clave de la economía y la rutina diaria.
Continuidad del crimen y percepciones de los ciudadanos
Diversos informes de organizaciones sociales y datos policiales coinciden en que los grupos criminales siguen operando con amplia capacidad de intimidación, especialmente en corredores clave del norte y centro del país. Comerciantes, transportistas y residentes continúan denunciando cobros ilegales, amenazas y asesinatos en zonas donde el Estado mantiene presencia militar y policial bajo el régimen de excepción.
Líderes de la comunidad, como uno entrevistado en Tegucigalpa, han señalado que «la población continúa aterrada» y que no se observan avances significativos en la seguridad. Estas personas advierten que el crimen sigue dominando barrios completos, mientras que las autoridades presentan números que no muestran la realidad en las calles, lo cual ha aumentado la desconfianza del público.
Dudas sobre la estrategia del gobierno
El estado de excepción fue concebido como una medida extraordinaria contra el crimen organizado, con facultades especiales para la intervención de las fuerzas de seguridad. No obstante, su implementación ha recibido críticas por su carácter prolongado y la ausencia de una estrategia integral.
Reporte del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) junto con entidades mundiales han destacado un aumento en las quejas acerca de arrestos injustificados y violaciones a derechos esenciales. Al mismo tiempo, especialistas en seguridad recalcan que la presencia militar sin inteligencia estratégica no ha logrado resultados perdurables ni ha afectado a las organizaciones criminales.
“La reacción gubernamental ha sido más de imposición que de planificación”, comentó un experto en seguridad, quien opina que no se ha conseguido desarrollar un modelo de intervención fundamentado en prevención, justicia y colaboración entre instituciones.
Demandas por una estrategia completa de seguridad
Dada la prolongación del estado de emergencia y la continua presencia de la extorsión, uno de los crímenes que más afecta a la economía informal, al transporte público y a la estabilidad de las comunidades, varios sectores han pedido un análisis técnico de la política de seguridad vigente.
Las acusaciones de extorsión continúan incrementándose y, aunque ocasionalmente se informa sobre detenciones de presuntos líderes, estas medidas no han generado un efecto disuasorio permanente. De acuerdo con testimonios obtenidos en medios locales, numerosas víctimas prefieren guardar silencio o desplazarse forzadamente debido a la falta de garantías de seguridad.
El sector empresarial ha manifestado inquietud por la ausencia de resultados tangibles y ha solicitado una revisión de la estrategia de seguridad, involucrando a expertos en justicia, organizaciones de la sociedad civil y colaboración internacional. “Honduras no necesita más espectáculos mediáticos. Necesita resultados auténticos”, afirmó un representante del sector empresarial, al reclamar claridad y responsabilidad en cuanto al empleo de medidas extraordinarias.
Retos para la institucionalidad en un entorno de violencia continua
La extensión del estado de excepción sin una evaluación pública de sus resultados muestra las tensiones entre la premura por controlar la violencia y la importancia de mantener el orden democrático y proteger los derechos fundamentales. En una nación caracterizada por instituciones frágiles y una gran desconfianza hacia las autoridades, la seguridad sigue siendo un tema de conflicto entre el Gobierno, los grupos sociales y los ciudadanos.
El reto principal que tiene el gobierno de Xiomara Castro es hallar una solución sostenible que una el control del crimen con una política pública integral, legítima y con amplia participación. En tanto, la persistencia de la violencia y la percepción de inseguridad mantienen preocupada a una población que todavía espera respuestas efectivas y duraderas.
