A menos de cinco meses para las elecciones generales en Honduras, el involucramiento de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en el proceso electoral continúa generando discusiones. Su función constitucional es asegurar la seguridad, cuidado y traslado del material electoral, además de la protección de los centros de votación, enfrentándose a un incremento en los cuestionamientos, impulsados por fallos recientes y un contexto de desconfianza hacia las instituciones.
Compromisos formales y declaraciones oficiales de instituciones
Los dirigentes del Ejército han confirmado de manera pública su adhesión a los principios constitucionales de neutralidad y respaldo a la democracia. El general Roosevelt Hernández, hablando en nombre de la alta jerarquía militar, reafirmó la promesa de las Fuerzas Armadas de asegurar un proceso electoral «limpio, transparente y seguro», subrayando el carácter apolítico y no deliberante de la institución militar.
Desde la Secretaría de Defensa también se ha insistido en que el Ejército actuará bajo las órdenes del Consejo Nacional Electoral (CNE), tal como establece la Constitución. En ese sentido, durante el periodo electoral, las FF. AA. deben separarse operativamente del Poder Ejecutivo para concentrarse exclusivamente en su misión de resguardo del proceso.
Reproches por problemas logísticos y eventos pasados
Pese a las declaraciones oficiales, distintos sectores han puesto en duda la capacidad de las Fuerzas Armadas para garantizar un proceso electoral sin contratiempos. En las elecciones primarias celebradas en marzo de 2025, se reportaron retrasos de hasta cinco horas en la entrega del material electoral en ciudades clave como San Pedro Sula y Tegucigalpa. Las fallas logísticas fueron atribuidas tanto al mando militar como a la titular de Defensa, Rixi Moncada, lo que desató una ola de críticas desde la oposición y organizaciones de la sociedad civil.
Estos incidentes reactivaron el debate sobre la preparación operativa del Ejército en tareas electorales y reavivaron los cuestionamientos sobre su independencia. Algunos analistas advierten que, si no se corrigen las fallas evidenciadas en las primarias, el proceso del 30 de noviembre podría enfrentar problemas similares, comprometiendo la confianza ciudadana en las instituciones encargadas del proceso democrático.
Conflictos institucionales y peligro de politización
La controversia también ha afectado al discurso gubernamental. Especialistas indican que grupos cercanos al gobierno han procurado restar importancia a la responsabilidad de las FF. AA. en los fallos logísticos de marzo, impulsando una narrativa dirigida a mantener la reputación de la institución militar. Esta posición ha coincidido con un aumento de la desconfianza hacia el CNE, cuyas habilidades técnicas y liderazgo han sido criticados por su gestión del cronograma electoral y su vínculo con el Ejecutivo.
En este escenario, el papel de las FF. AA. adquiere una complejidad mayor. Aunque su misión constitucional les prohíbe participar o involucrarse en temas políticos, la opinión pública acerca de su neutralidad se ve influenciada por la politización del debate electoral. La tensión incrementa conforme se acerca el día de las elecciones, en un contexto de polarización y dudas sobre la institucionalidad democrática.
Un desafío para la legitimidad electoral
La participación de las Fuerzas Armadas en los comicios de noviembre representa un punto crítico para la legitimidad del proceso electoral hondureño. Aunque la Constitución les asigna un rol operativo claro y delimitado, los antecedentes de fallas logísticas y la crisis de confianza en el sistema electoral colocan a la institución militar en una posición compleja.
En una nación caracterizada por una notable polarización política y una institucionalidad democrática débil, la actuación de las FF. AA. en las elecciones podría afectar significativamente la percepción de legitimidad de los resultados de los comicios. La claridad en las operaciones y la estricta adhesión al mandato constitucional serán esenciales para prevenir tensiones adicionales y mantener la estabilidad democrática en un año electoral crucial.
