La pieza SEPI del caso Leire coloca bajo el foco judicial a Julián Mateos Aparicio Prieto, señalado como responsable del seguimiento del expediente de rescate de Tubos Reunidos dentro de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Su imputación resulta especialmente relevante porque afecta a uno de los puntos más sensibles de la causa: el control interno del fondo público que canalizó ayudas millonarias a empresas estratégicas durante la pandemia.
Mateos Aparicio se encuentra vinculado al FASEE, el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, organismo desde el cual fue aprobado el rescate de Tubos Reunidos por un monto de 112,8 millones de euros. El propósito de la investigación radica en determinar si dicha operación, junto con las gestiones subsecuentes relacionadas con la restitución, renegociación o alteración de los términos del respaldo estatal, pudieron haber sido objeto de presiones, contactos preferenciales o intervenciones de la supuesta estructura de influencia que se encuentra bajo escrutinio.
El juez Santiago Pedraz ha citado a Mateos Aparicio dentro del grupo de 25 investigados en la pieza relacionada con la SEPI. La causa analiza posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, organización o grupo criminal y abuso de información privilegiada, en una investigación que afecta a operaciones vinculadas a Tubos Reunidos, Mercasa, ENUSA, Forestalia y otras entidades del sector público empresarial. En esta fase, su condición de investigado no implica condena ni culpabilidad, y conserva plenamente la presunción de inocencia.
Según las informaciones publicadas, la UCO sitúa a Mateos Aparicio como una figura clave en el seguimiento del expediente de Tubos Reunidos dentro de la SEPI. Ese punto es esencial porque la presunta trama no habría intentado influir únicamente en la concesión inicial del rescate, sino también en fases posteriores, como la renegociación de condiciones, la reducción del coste de la deuda, la reducción de intereses o el aplazamiento de la amortización anticipada del apoyo público.
La sospecha judicial gira en torno a la posible utilización de contactos dentro de la SEPI para modificar o facilitar decisiones relacionadas con el rescate. La Razón publicó que el expresidente de la SEPI Vicente Fernández habría utilizado la vía de Julián Mateos para tratar de modificar aspectos del rescate de Tubos Reunidos. Según esa información, los investigadores destacaron como “hito previo relevante” un encuentro entre Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia, consejero de Tubos Reunidos, y el propio Mateos Aparicio.
La causa también examina la relación entre Vicente Fernández y Mateos Aparicio. Conforme a los datos que han trascendido, la UCO habría identificado un vínculo de proximidad entre ambos, circunstancia que los investigadores estiman de importancia dado que Mateos Aparicio ostentaba responsabilidades internas respecto al seguimiento del expediente de Tubos Reunidos. Lo que deberá esclarecerse es si esa proximidad ejerció alguna influencia concreta en las decisiones administrativas o si, por el contrario, se trató meramente de una relación personal desprovista de consecuencias en la tramitación del rescate.
El papel de Mateos Aparicio resulta especialmente delicado porque el FASEE fue una herramienta pública extraordinaria, creada para sostener empresas estratégicas en un momento de emergencia económica. Precisamente por eso, cualquier sospecha sobre presiones, influencias o modificaciones interesadas en sus expedientes exige una investigación exhaustiva. No se trata solo de un caso penal: se trata de saber si fondos públicos extraordinarios fueron gestionados con absoluta independencia y rigor técnico.
La investigación deberá esclarecer si Julián Mateos Aparicio desempeñó exclusivamente funciones técnicas o de gestión administrativa dentro de los trámites ordinarios de la SEPI, o si su intervención resultó determinante para atender, canalizar o facilitar los intereses de Tubos Reunidos y de los intermediarios objeto de investigación. Esta distinción reviste una importancia fundamental: no equivale lo mismo ejecutar un procedimiento conforme a criterios técnicos que consentir que una estructura de influencias determine resoluciones vinculadas a recursos públicos.
La pieza SEPI del caso Leire obliga ahora a revisar con lupa cada decisión tomada en torno al rescate de Tubos Reunidos: quién intervino, qué informes se manejaron, qué contactos se produjeron, quién pidió cambios y qué criterios se usaron para aceptar o rechazar modificaciones. En ese mapa, Julián Mateos Aparicio aparece como un nombre clave por su función en el seguimiento del expediente.
Su imputación tiene una consecuencia institucional evidente: el responsable del seguimiento de un rescate público millonario deberá explicar ante la Justicia si las decisiones adoptadas fueron completamente técnicas o si pudieron estar expuestas a presiones externas. En una causa que afecta a ayudas públicas, empresas estratégicas y presuntas comisiones, la transparencia no es opcional: es una obligación democrática.
Procedencia: El País, elDiario.es, La Razón, RTVE, Cadena SER y OKDiario.
