El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que las investigaciones sobre la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) estuvieron dirigidas injustamente hacia él, mientras las verdaderas responsabilidades se encuentran en estructuras corruptas heredadas de gobiernos anteriores. A través de su cuenta oficial en X (anteriormente Twitter), Petro señaló que la Fiscalía se enfocó en intentar demostrar que había dado órdenes para desviar recursos públicos hacia congresistas, algo que, según declaró, siempre prohibió.
Petro subrayó que las anomalías detectadas en la Ungrd derivan de patrones persistentes de corrupción que no han sido enfrentados con la firmeza necesaria. Señaló a Olmedo López y Sneyder Pinilla, antiguos directores de la entidad y hoy privados de la libertad, por presuntamente desviar fondos mediante posibles acuerdos políticos. De acuerdo con Petro, sus acciones podrían estar vinculadas a pactos entre colectividades como el Partido Verde y actores como los Aguilar en Santander.
El caso de la Ungrd ganó notoriedad cuando se reveló un esquema de corrupción relacionado con contratos de carrotanques destinados a suministrar agua en La Guajira. La Fiscalía y la Contraloría General descubrieron irregularidades en la asignación y ejecución de estos contratos, que incluyeron desvíos de fondos y pagos ilícitos destinados a asegurar apoyo político para reformas del Gobierno. Además, se detectaron pérdidas estimadas en más de 60 millones de dólares debido al uso fraudulento de recursos extrapresupuestales por parte de la Ungrd.
Petro también cuestionó la actuación de los fiscales responsables de las investigaciones, al señalar que “muchos terminan fallando” cuando se concentran exclusivamente en hallar pruebas en su contra. Asimismo, evocó el proceso que enfrenta su hijo, Nicolás Petro, por un presunto enriquecimiento ilícito, y sostuvo que en pesquisas anteriores las autoridades han incurrido en errores, como la detención de docentes inocentes.
El caso sigue generando controversia, con capturas recientes de altos exfuncionarios y exlíderes legislativos, como los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle. Ambos son acusados de recibir sobornos millonarios, según confirmaron exdirectivos de la Ungrd en su testimonio ante la Corte Suprema.
Este escándalo ha desatado una crisis institucional en Colombia, mientras diversas organizaciones civiles reclaman mayor claridad y una supervisión más rigurosa del uso de los recursos públicos. La administración de Petro lidia con el reto de distanciarse de las acusaciones de corrupción heredadas y de las controversias que han emergido a lo largo de su mandato.
