Un masivo caso de corrupción ha sacudido el sistema penitenciario chileno luego de que se revelara que al menos 42 gendarmes del penal Santiago 1 están siendo investigados por facilitar el ingreso de personas indocumentadas, drogas, alcohol y otros productos ilegales a cambio de sobornos. La Fiscalía Metropolitana Occidente y la Policía de Investigaciones (PDI) han desplegado un operativo de gran magnitud que apunta a desarticular esta red de corrupción que incluye además a 35 civiles externos.
El modo de operar de los funcionarios penitenciarios implicados abarcaba acciones como aparentar controles de acceso mediante simples gestos teatrales y exigir pagos para permitir la entrada de personas sin documentación, quienes luego se reunían con figuras de alto perfil pertenecientes a organizaciones criminales, entre ellas el Tren de Aragua. De acuerdo con los antecedentes reunidos, cada acceso tenía un costo de $60.000 chilenos, lo que generaba un serio riesgo para la seguridad pública, pues estos encuentros facilitaban que las bandas mantuvieran la coordinación de delitos como narcotráfico, secuestros y extorsiones.
Una trama de corrupción estructurada que opera tanto dentro de los penales como en el exterior
La penetración del crimen organizado en Gendarmería incluye diversas operaciones, entre ellas el ingreso de drogas, celulares, alimentos de alta calidad, WiFi, y hasta servicios personalizados para reclusos. Los pagos se realizaban tanto en efectivo como mediante transferencias bancarias, a veces utilizando cuentas de terceros para ocultar el origen ilícito del dinero.
Según las autoridades, no se trata de una organización jerárquica única, sino de varias redes independientes que operan dentro de Santiago 1. Estas redes también están vinculadas con civiles que actúan como intermediarios, conocidos como «manilleros», quienes desde fuera de los penales coordinan los sobornos necesarios para garantizar el ingreso de bienes y personas.
Los cobros por estos servicios oscilaban desde $15.000 por permitir encuentros sexuales hasta $400.000 por autorizar el ingreso de un celular, y los testimonios reunidos durante las pesquisas indican además que los internos reconocen una zona del penal, conocida como «la feria», donde se llevan a cabo transacciones de artículos prohibidos con aparente normalidad.
Operación nacional y dimensión estructural
El operativo encabezado por la Fiscalía contempló la ejecución de órdenes de allanamiento en 77 viviendas situadas en siete regiones del país, e incluyó recintos penitenciarios como Santiago 1, Punta Peuco, Colina 1 y el Complejo Penitenciario Biobío. En total, se desplegaron 690 funcionarios de la PDI y Gendarmería, configurando uno de los esfuerzos policiales más amplios de los últimos tiempos para enfrentar la corrupción dentro del sistema penitenciario.
Entre los hallazgos más graves se destaca la práctica conocida como «rescate», en la que funcionarios incautaban productos ilegales como celulares para luego revenderlos dentro del penal por precios exorbitantes. Otro método, denominado «delivery», consistía en el ingreso por encargo de productos solicitados por los internos.
Implicaciones y el control del crimen organizado
Este es considerado el caso más grave de penetración del crimen organizado en una institución pública en Chile. Gendarmería, cuya misión es garantizar la seguridad en los penales, enfrenta acusaciones que ponen en entredicho la capacidad del Estado para prevenir la expansión delictiva dentro de las cárceles. Grupos como el Tren de Aragua, que ya tienen vasta experiencia en controlar prisiones en otros países, buscan replicar este modelo en Chile, utilizando los penales para facilitar la coordinación de sus operaciones.
Acciones y soluciones requeridas
La investigación ha encendido las alarmas sobre condiciones estructurales que permiten que estas prácticas prosperen. Entre ellas, se destacan la alta rotación en las jefaturas penitenciarias, la falta de supervisión adecuada, y las influencias indebidas entre los funcionarios. Estas fragilidades invitan a la constante intervención del crimen organizado, que ofrece incentivos económicos y ejerce presión mediante amenazas directas a los funcionarios, como ocurrió en el caso de un comandante cuya residencia fue atacada por sicarios.
El progreso alcanzado en esta investigación abre una oportunidad crucial para impulsar reformas estructurales destinadas a enfrentar la corrupción dentro de Gendarmería, y si no se adoptan acciones contundentes que incorporen mayor transparencia y supervisión independiente, el control de los penales podría terminar completamente subordinado a las mafias criminales.
Procedencia: CIPER Chile | [https://www.ciperchile.cl/2025/12/16/crimen-organizado-42-gendarmes-de-santiago-1-son-indagados-por-cobrar-por-el-ingreso-de-visitas-indocumentadas-alcohol-y-drogas/]
