Dentro de un marco de polarización institucional creciente, Luis Redondo, quien es el presidente del Congreso Nacional de Honduras, sugirió la opción de desembarcar a legisladores de la oposición y formar una asamblea legislativa alterna si continúa el estancamiento de las propuestas del gobierno. Estas afirmaciones, hechas durante un encuentro en el hemiciclo, generaron una serie de críticas por parte de los grupos opositores y varios sectores políticos y jurídicos en el país.
Redondo denuncia obstrucción legislativa y advierte con acciones excepcionales
Luis Redondo, titular del Legislativo y parte del oficialismo, Libertad y Refundación (LIBRE), expresó su malestar ante lo que considera una obstrucción sistemática por parte de la oposición a los proyectos impulsados por su bancada. “No se puede seguir permitiendo que una minoría sabotee la voluntad popular”, manifestó, agregando que se tomarán “medidas contundentes” para garantizar el funcionamiento del Congreso.
En su discurso, Redondo puso en duda la función de los bloques opositores al gobierno actual y propuso que una alternativa sería la «limpieza» del Parlamento. Aunque no especificó métodos legales o procedimentales, su advertencia incluyó la formación de un Congreso paralelo si las circunstancias actuales impiden progresar con la agenda legislativa del Ejecutivo.
La oposición acusa intento de acaparamiento de poder
Los grupos parlamentarios del Partido Nacional, Partido Liberal, Partido Salvador de Honduras (PSH) y otras bancadas opositoras respondieron rápidamente, describiendo las afirmaciones como un intento de «golpe legislativo» dirigido a concentrar el poder a favor del Ejecutivo. El legislador Tomás Zambrano acusó a Redondo de comportarse de manera autoritaria: «Este es un intento desesperado por establecer un control absoluto en manos de LIBRE. No lo vamos a permitir», declaró.
En el mismo tono, el abogado especializado en derecho constitucional, Juan Carlos Barrientos, señaló la ilegalidad de intentar establecer un organismo legislativo paralelo, indicando que tal acción violaría los principios fundamentales del Estado de derecho. Según su análisis, dicha amenaza pone en riesgo los balances institucionales establecidos en la Constitución de Honduras y podría llevar a una significativa crisis institucional.
Conflictos legales y solicitudes de supervisión mundial
La advertencia de Redondo se añade a varios incidentes recientes que han complicado el clima político en el Congreso Nacional. Entre ellos, sobresale la aprobación de leyes sin ratificación de las actas pertinentes y el uso de procedimientos legislativos controvertidos, como sesiones convocadas de manera irregular. Uno de los aspectos más controvertidos ha sido la promoción de la Ley de Justicia Tributaria, que ha sido rechazada por diversos sectores económicos y políticos debido a su contenido y procedimiento.
Expertos en política detectan un cambio hacia una táctica confrontativa del gobierno, buscando dejar a la oposición en soledad antes del proceso electoral general. Advierten que esta situación podría llevar a escenarios de inestabilidad institucional, fuera de los cauces legales establecidos por la Constitución.
Ante esta situación, diversos actores políticos y sociales han pedido la intervención o el monitoreo activo de entidades internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y misiones diplomáticas. Un colectivo de abogados manifestó en un comunicado conjunto que lo que está en debate no es solo la aprobación de una ley, sino también la propia existencia de la separación de poderes y del sistema democrático.
Un Congreso en conflicto y el reto de la institucionalidad
Las declaraciones del presidente del Legislativo abren un nuevo capítulo en la compleja relación entre el oficialismo y la oposición en Honduras. La amenaza de redefinir la composición del Congreso o establecer una instancia paralela representa un punto de inflexión en la convivencia política del país, con implicaciones que trascienden lo estrictamente legislativo.
La situación presente evidencia los constantes retos de gobernanza en un entorno donde las tensiones entre autoridades, la debilidad institucional y la división social influyen en el avance democrático. En este contexto, la función de los sistemas de control constitucional y la supervisión ciudadana se convierten en aspectos fundamentales para mantener el balance entre la representación política y el cumplimiento de las leyes del Estado de derecho.
