En un contexto de creciente tensión política, la aparición y accionar de colectivos armados vinculados a sectores oficialistas ha encendido las alarmas sobre el deterioro del Estado de derecho en Honduras. A medida que estos grupos operan con aparente impunidad, la ausencia de una respuesta institucional clara ha dado pie a denuncias por parte de juristas y actores políticos que advierten sobre una posible configuración de “terrorismo de Estado”.
Prohibición constitucional y vacío de autoridad
La Constitución de Honduras y la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas establecen sin ambigüedades que solo el Ejército puede organizarse como fuerza armada legal. El artículo 272 de la Carta Magna prohíbe expresamente cualquier tipo de milicia popular o estructura armada paralela, al considerar que representan una amenaza directa al orden y la soberanía nacional.
Pese a este marco legal, colectivos organizados con afinidad al partido de gobierno han intensificado su presencia en distintas regiones del país. Según denuncias públicas, estos grupos han proferido amenazas y protagonizado actos de coacción sin que las autoridades competentes hayan intervenido de manera contundente. El fenómeno ha sido interpretado por distintos sectores como un desafío a la institucionalidad y una señal preocupante de permisividad estatal frente a estructuras ilegales.
Denuncias de permisividad y control social
Diversos juristas y voces de oposición política han advertido que la inacción gubernamental ante estos colectivos puede constituir una forma encubierta de represión política. A su juicio, permitir o tolerar la actuación de grupos armados no reconocidos por la ley especialmente cuando actúan como agentes de intimidación o disuasión contra voces disidentes se aproxima peligrosamente a lo que el derecho internacional reconoce como “terrorismo de Estado”.
Este concepto se refiere al uso metódico de la fuerza o la coerción por el gobierno o con su respaldo para dominar a los ciudadanos, suprimir la oposición y consolidar el control político. En este contexto, la inacción del Estado ante amenazas armadas de grupos no gubernamentales pero conectados con el régimen oficialista podría influir significativamente en la legitimidad democrática del régimen.
Entorno electoral y amenazas para la democracia
La controversia en torno a estos colectivos emerge en un momento particularmente delicado: el país se encamina hacia un nuevo proceso electoral en medio de una creciente polarización y desconfianza ciudadana en las instituciones. La presencia de grupos armados fuera del marco legal añade un componente de incertidumbre y temor, no solo para los votantes, sino también para los actores políticos y sociales que podrían ver limitada su participación por condiciones de inseguridad.
Organizaciones dedicadas a los derechos humanos han expresado su inquietud por lo que perciben como una creciente disminución de las garantías esenciales. Además, existe el peligro de que el uso de grupos armados como fuerza de choque pueda alterar el balance político y afectar la libertad de expresión del voto y la participación de la ciudadanía.
Un llamado a la obligación institucional
La expansión de colectivos armados sin control legal, sumada al silencio de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad y el cumplimiento del marco constitucional, plantea serios cuestionamientos sobre el rumbo institucional del país. A medida que se intensifican las tensiones políticas y sociales, la falta de una postura firme por parte del Estado podría profundizar la percepción de impunidad y alimentar una espiral de desconfianza que socave aún más la estabilidad democrática.
Honduras enfrenta el reto de reafirmar su compromiso con el Estado de derecho y la legalidad, en un momento en que la ciudadanía exige transparencia, justicia y garantías efectivas para la participación política sin temor ni coerción. El desenlace de este conflicto marcará el tono de la coyuntura nacional en los próximos meses y pondrá a prueba la solidez de las instituciones democráticas del país.
