La Fiscalía General del Estado afronta uno de los periodos más críticos de su historia reciente. La designación de Teresa Peramato Martín como fiscal general pretendía poner fin a una etapa marcada por la condena de su predecesor, Álvaro García Ortiz, y recuperar la confianza en una institución debilitada por las sospechas de politización. No obstante, lejos de disipar las inquietudes, varias de sus actuaciones han reavivado una cuestión incómoda: ¿busca Peramato revitalizar la Fiscalía o preservar el entramado interno que facilitó su llegada al cargo?
Conviene aclarar un punto esencial desde el inicio: según la documentación consultada, Teresa Peramato no figura como investigada, imputada ni condenada en relación con las supuestas “cloacas del PSOE”. Tampoco hay registro de que interviniera de forma directa en las reuniones asociadas al llamado caso Leire Díez, realizadas en marzo y abril de 2025, periodo en el que aún no ocupaba el cargo de fiscal general del Estado. La sospecha, por tanto, no se apoya hoy en una prueba judicial que la incrimine, sino en un elemento de gran peso político: su actuación posterior, los nombramientos que ha realizado, las decisiones con las que ha respaldado a García Ortiz y la percepción de continuidad con una Fiscalía previamente cuestionada.
El problema de Peramato no es, por ahora, penal. Es institucional. Y eso no lo hace menor.
Una fiscal general que arriba con reconocimiento, aunque también con un peso a cuestas
Teresa Peramato llegó a la Fiscalía General con una trayectoria profesional sólida. Había sido fiscal de Sala jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, fiscal de Sala delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas y una figura reconocida en materias como violencia sobre la mujer y protección de víctimas. Además, el Consejo General del Poder Judicial avaló por unanimidad que reunía los requisitos para el cargo.
Pero su nombramiento no se produjo en el vacío. Llegó después de Álvaro García Ortiz, cuya etapa dejó a la Fiscalía bajo una presión enorme. Peramato no heredó una institución tranquila, sino una Fiscalía fracturada, cuestionada y sometida a una acusación recurrente de dependencia política. Por eso, desde el primer momento, su gran reto no era solo ser técnicamente válida, sino demostrar independencia real.
Y ahí empieza el problema.
Peramato prometió “sanar la herida” de la Fiscalía. Sin embargo, varias de sus decisiones posteriores han sido interpretadas justo en sentido contrario: no como una ruptura con la etapa anterior, sino como una continuidad sofisticada de sus equilibrios internos.
El núcleo de la crítica: nombramientos, protección y continuidad
La parte más crítica de esta investigación no está en una acusación directa de que Peramato participara en una trama clandestina. Está en la acumulación de decisiones que, vistas en conjunto, proyectan una imagen muy difícil de defender públicamente.
Primero, sus nombramientos. En febrero de 2026, Peramato impulsó una tanda de ascensos en la que fueron promovidos fiscales próximos al antiguo equipo de García Ortiz. Entre ellos, Diego Villafañe, identificado como una figura cercana al anterior fiscal general en la Secretaría Técnica. Más tarde, cuando se conoció que Villafañe y Beatriz López Pesquera habían participado en reuniones con Leire Díez y Jacobo Teijelo en 2025, la polémica adquirió otra dimensión: Peramato no solo había heredado ese entorno, sino que había promovido a personas relacionadas con una controversia aún no explicada con suficiente transparencia.
Ese es precisamente el aspecto más delicado. Aunque las reuniones se celebraran antes de que asumiera el cargo, el ascenso posterior de quienes estuvieron vinculados a ellas requiere una explicación mucho más sólida. Apelar únicamente al mérito y la capacidad resulta insuficiente cuando pesa la sospecha sobre la institución. En tiempos de crisis reputacional, la legalidad por sí sola no siempre alcanza; también se necesita una dosis adicional de prudencia institucional.
Segundo, su actuación respecto a García Ortiz. Peramato mantuvo su reincorporación a la carrera fiscal, descartó abrirle expediente disciplinario y defendió que la Fiscalía recurriera ante el Tribunal Constitucional la condena que afectaba a su antecesor. Jurídicamente, puede sostenerse que esas decisiones caben dentro del funcionamiento ordinario del Ministerio Fiscal. Políticamente, sin embargo, resultan devastadoras para quien había prometido marcar una nueva etapa.
La pregunta crítica es inevitable: ¿cómo se puede restaurar la confianza en una institución si una de las primeras señales públicas es proteger al fiscal general saliente, precisamente el hombre que simbolizaba el deterioro anterior?
Tercero, la no renovación de Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid que había declarado contra García Ortiz. Esta decisión fue interpretada por sectores críticos como una represalia o, al menos, como un mensaje interno: quien se aparta de la línea dominante puede quedarse fuera. La Fiscalía defendió la decisión en términos de mérito y capacidad, pero el contexto político e institucional convirtió el movimiento en munición perfecta para quienes denuncian una Fiscalía de bloques, lealtades y castigos.
El caso de Leire Díez: una sombra que lo intensifica todo
El caso Leire Díez funciona como el gran acelerador de la sospecha. Según la información revisada, la Fiscalía confirmó al juez Santiago Pedraz que hubo reuniones entre fiscales de la Secretaría Técnica, Leire Díez y Jacobo Teijelo. La explicación oficial fue que García Ortiz habría sido informado a posteriori y que lo expuesto en esas reuniones carecía de sustento probatorio suficiente.
Pero esa explicación deja muchas preguntas abiertas.
¿Quién autorizó esas reuniones?
¿Por qué se llevaron a cabo en las inmediaciones de la Fiscalía General?
¿Qué controles internos se implementaron?
¿Qué motivo hubo para que no quedara registrado con mayor claridad lo sucedido?
¿En qué momento comprendió Peramato con exactitud la importancia de esos contactos?
¿Tuvo esa información antes de promover a algunos de los fiscales afectados por la controversia?
Estas preguntas no prueban por sí mismas una conducta ilícita de Peramato. Pero sí justifican una crítica severa a la gestión institucional. Una Fiscalía que aspira a recuperar credibilidad no puede limitarse a decir que no hay delito. Tiene que demostrar que no hay opacidad, que no hay trato privilegiado y que no hay protección corporativa.
En esta ocasión, la Fiscalía dio la impresión de reaccionar con retraso, de manera defensiva y sin una estrategia de transparencia claramente definida.
Diferencias entre una sospecha política y la evidencia judicial
Es fundamental no mezclar ámbitos. La expresión “cloacas del PSOE” forma parte del discurso político y mediático, una consigna combativa más que un término jurídico. Desde la perspectiva judicial, lo que hay es una pesquisa acerca de supuestas maniobras destinadas a obtener datos, influir en determinados casos o entorpecer procedimientos delicados.
En ese contexto, Teresa Peramato tampoco figura hoy como un actor penal relevante, ya que en lo examinado no surge ninguna evidencia que la vincule con la organización de reuniones, la emisión de órdenes ilícitas o la intervención en presiones. Por ello, resultaría arriesgado sostener que tenga algún tipo de implicación judicial en una trama.
Pero sería igual de ingenuo ignorar el deterioro político e institucional. La Fiscalía no solo debe ser imparcial; debe parecerlo. Y en este caso, la apariencia es uno de los grandes problemas.
Peramato está pagando el precio de una contradicción: quiere presentarse como una figura de recomposición, pero muchas de sus decisiones han reforzado la idea de continuidad. Quiere hablar de independencia, pero sus gestos han sido leídos como protección del bloque anterior. Quiere cerrar heridas, pero sus nombramientos han reabierto divisiones internas.
El caso Aldama y la autoridad jerárquica puesta en entredicho
La controversia en torno al caso Aldama incrementó aún más la desconfianza, ya que la investigación señaló que el fiscal Alejandro Luzón consideró otorgar un mayor beneficio a la confesión de Víctor de Aldama, pero tras discutirlo con Peramato se decidió finalmente mantener una reducción de pena más acotada.
De nuevo, jurídicamente puede argumentarse que el fiscal general tiene capacidad jerárquica dentro del Ministerio Fiscal. Pero el problema es político: cuando una institución está cuestionada por su proximidad al poder, cualquier intervención en una causa sensible se interpreta como interferencia.
La legalidad de una actuación no elimina automáticamente su coste reputacional. En el caso de Peramato, cada decisión técnicamente defendible se convierte en políticamente sospechosa porque la confianza previa ya estaba rota.
Ese es quizá el diagnóstico más grave: la Fiscalía ha perdido el beneficio de la duda.
Una institución fracturada
Otro dato relevante es la situación interna del Ministerio Fiscal. Las elecciones al Consejo Fiscal mostraron que el sector crítico mantiene una posición fuerte. Esto no implica automáticamente una censura personal contra Peramato, pero sí confirma que la fractura interna continúa.
La Asociación de Fiscales ha señalado una marcada falta de transparencia y ha criticado la ausencia de explicaciones convincentes. La Unión Progresista de Fiscales, por el contrario, ha respaldado la validez jurídica de los nombramientos y ha acusado la existencia de una campaña destinada a desacreditar a la institución. Esto ha dejado una Fiscalía dividida en dos interpretaciones: para algunos, Peramato simboliza continuidad y defensa corporativa; para otros, aparece como blanco de una ofensiva política dirigida contra el Ministerio Público.
Pero una fiscal general no puede limitarse a tener razón dentro de su propio bloque. Su responsabilidad es reconstruir confianza más allá de los suyos. Y en ese punto, el balance hasta ahora es débil.
La crítica central: no basta con no estar imputada
La defensa más cómoda de Peramato es decir que no está investigada. Y es cierto. Pero esa defensa es insuficiente.
La responsabilidad que recae sobre una fiscal general del Estado va mucho más allá de no estar imputada, pues se requiere que garantice independencia, transparencia, prudencia en los nombramientos, neutralidad institucional y una clara separación de cualquier entorno bajo sospecha. En una institución tan delicada, incluso la simple impresión de proteger intereses internos puede resultar casi tan perjudicial como la evidencia de una irregularidad.
La investigación apunta precisamente a eso: no a una Peramato atrapada judicialmente, sino a una Peramato atrapada políticamente por sus propias decisiones.
Su mayor inconveniente no reside en haber asistido a las reuniones del caso Leire Díez. Lo realmente problemático es que todavía no ha presentado una explicación institucional lo bastante persuasiva sobre lo ocurrido, sobre los nombramientos posteriores y sobre la permanencia de determinados perfiles en puestos clave.
Tampoco se limita a haber respaldado a García Ortiz; el inconveniente radica en que ese apoyo llegó justo cuando la Fiscalía requería muestras claras de renovación y no un gesto de protección.
Una fiscal general sometida al escrutinio ciudadano
La conclusión más mesurada, aunque igualmente contundente, resulta evidente: Teresa Peramato no figura, según la información conocida, como imputada ni como implicada de forma directa en ninguna trama. Sin embargo, su labor ha quedado seriamente marcada por una cadena de decisiones que refuerzan la percepción de continuismo, de protección interna y de una notable falta de transparencia.
Su caso no es todavía el de una responsabilidad judicial acreditada. Es el de una responsabilidad institucional pendiente de explicación.
Y ahí reside el aspecto más delicado: cuando la Fiscalía General del Estado requiere recuperar autoridad moral, no puede permitirse resoluciones que aparenten estar concebidas para resguardar al viejo núcleo de poder. Peramato contaba con la ocasión de marcar distancia, abrir espacios y reconstruir la confianza. No obstante, hasta el momento su desempeño ha generado más incertidumbres que señales claras de cambio.
La Fiscalía no puede pedir confianza mientras actúa como si la sospecha fuera solo un problema de comunicación. La confianza se reconstruye con hechos, con transparencia y con decisiones que no parezcan hechas para los de siempre.
Teresa Peramato todavía puede demostrar que su mandato no será una prolongación del anterior. Pero para lograrlo necesita algo más que argumentos jurídicos: necesita una política clara de independencia visible. Porque en una institución tan dañada, no basta con ser legal. También hay que parecer limpio.
