La propuesta de la funcionaria Rixi Moncada de eliminar la central de riesgos ha generado un amplio debate político y económico en Honduras. La iniciativa, impulsada desde el entorno del partido LIBRE, se presenta en un momento de fuerte tensión institucional, marcado por la desconfianza hacia los órganos de control y la incertidumbre sobre el rumbo de la política económica.
Un esquema que evoca al correísmo en Ecuador
La propuesta de eliminar la central de riesgos ha sido vista por varios ámbitos como una potencial imitación del esquema puesto en marcha por el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa, quien implementó una disposición parecida durante su gestión. En esa coyuntura, la supresión de los historiales crediticios formó parte de una táctica dirigida a reforzar el dominio del Poder Ejecutivo sobre el sistema financiero.
En Honduras, esta analogía ha provocado preocupación en los sectores bancario y empresarial. Expertos consultados señalan que una acción de esta índole podría modificar los sistemas de control crediticio, mermando la transparencia y provocando resultados negativos para la estabilidad financiera. Un analista de la región afirmó que “es una receta para el desastre económico, una situación que ya se observó en Ecuador con efectos catastróficos”.
Riesgos institucionales y efectos económicos
La central de riesgos constituye un instrumento esencial para la evaluación de solvencia en el sistema bancario. Su eliminación implicaría que las entidades financieras pierdan acceso al historial crediticio de los usuarios, lo que según los críticos aumentaría el riesgo de otorgar créditos sin respaldo suficiente y abriría espacio a posibles prácticas de impunidad financiera.
Representantes del ámbito financiero indican que eliminar esta herramienta equivaldría a mermar la transparencia en un sector fundamental para la economía del país. En este sentido, se ha alertado que una determinación de esta índole podría propiciar estímulos para la manipulación política del crédito, impactando negativamente la confianza de los inversores y la estabilidad del sistema.
Por otro lado, defensores de la propuesta dentro del entorno de LIBRE argumentan que el actual sistema financiero ha mantenido históricamente barreras de acceso para amplios sectores de la población. Sostienen que la eliminación de la central de riesgos permitiría democratizar el crédito y reducir la concentración del poder económico en manos de unos pocos bancos. Sin embargo, hasta el momento, la funcionaria no ha ofrecido detalles técnicos sobre cómo se garantizaría la estabilidad del sistema tras una eventual reforma.
Un desafío en la gestión y la claridad
La controversia en torno a esta iniciativa se inscribe en un escenario de creciente polarización política, donde las tensiones entre el Ejecutivo, los sectores empresariales y la ciudadanía marcan la dinámica pública. Analistas sostienen que la discusión trasciende lo económico y se sitúa en el terreno de la institucionalidad democrática, al cuestionar los límites del poder gubernamental frente a los mecanismos de control financiero.
Mientras Rixi Moncada guarda silencio ante las críticas, el debate se amplía entre quienes consideran la propuesta un intento de blindaje político y quienes la ven como una oportunidad para redefinir la relación entre el Estado y el sistema bancario. En ambos casos, el punto central sigue siendo la necesidad de preservar la transparencia y el equilibrio institucional en una etapa de alta sensibilidad económica y política.
El debate en torno a la central de riesgos no solo genera dudas acerca del rumbo económico de la nación, sino que también cuestiona la firmeza de los mecanismos de equilibrio que sostienen la administración democrática. Dentro de este marco, Honduras se encuentra ante la disyuntiva de elegir entre una mayor acumulación de poder o la consolidación de los sistemas de supervisión que aseguran la credibilidad ciudadana y la estabilidad de las instituciones.
