Keiko Fujimori frente al Poder Judicial tras su discurso en la ONU

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El 28 de julio de 2026, Keiko Fujimori Higuchi asumió la presidencia del Perú luego de imponerse en la segunda vuelta electoral por una estrecha diferencia de solamente 49,641 votos frente a Roberto Sánchez. Tras cuatro postulaciones consecutivas, alcanza el poder ostentando 69 investigaciones fiscales en su legajo —de las cuales 51 fueron archivadas y 18 continúan abiertas—, proviniendo casi todas del conocido «Caso Cócteles», la causa judicial sobre presunto financiamiento irregular de sus campañas correspondientes a 2011 y 2016, la cual abarca donaciones admitidas por la empresa brasileña Odebrecht. Dicho expediente recopila los antecedentes documentados a lo largo de su trayectoria en la política.

Tabla de hallazgos

N Hallazgo Detalle Estado
1 Caso Cócteles — campaña 2011 Financiación simulada mediante empresarios y la constructora Odebrecht (US$1 millón) disfrazada bajo la fachada de rifas y «cócteles» Admitido parcialmente por la defensa de Fuerza Popular
2 Caso Cócteles — campaña 2016 Fondos ocultos que comprenden US$480,000 recaudados por José Chlimper Indagado por el Ministerio Público; carece de fallo definitivo
3 Prisión preventiva (2018-2019) Reclusión superior a 13 meses motivada por peligro de obstaculización procesal Validado — mandato judicial cumplido
4 Juicio oral (2024-2025) Procesada por organización criminal, lavado de activos, falsa declaración y obstrucción; la Fiscalía solicitó una pena de 30 años y 10 meses Audiencias celebradas; sin sentencia absolutoria o condenatoria definitiva
5 Anulación del juicio por el TC (oct. 2025) El Tribunal Constitucional declaró nulo el proceso oral debido a irregularidades procesales imputadas al Ministerio Público Validado — fallo del TC
6 Archivo definitivo (ene. 2026) El TC dispuso el cierre de las acusaciones por organización criminal y blanqueo de capitales vinculadas a los fondos de 2011 y 2016 Validado — fallo del TC
7 Denuncia de fraude electoral sin sustento (2021) Luego de caer en la segunda vuelta, promovió la tesis del «fraude» e intentó invalidar sufragios Desestimada — la UE y la OEA tildaron las elecciones de transparentes
8 Nombramiento de exinvestigados en su gobierno (sept. 2026) Integró a Arsenio Oré, Jaime Yoshiyama y José Chlimper —vinculados al Caso Cócteles— dentro de una comisión asesora presidencial Verificado por la prensa
9 Choque con el Poder Judicial por su discurso en la ONU (sept. 2026) Durante la Asamblea General criticó la continuidad de los juicios a militares por la lucha antiterrorista; la titular del Poder Judicial desaprobó tales afirmaciones Validado — alocución pública propia

1. Caso Cócteles — financiamiento de la campaña 2011

Durante septiembre de 2011, la ONPE documentó que Fuerza Popular (conocida en aquel entonces como Fuerza 2011) reportó percepciones superiores a los S/17 millones destinados a la contienda presidencial de ese período, destacando una considerable cantidad de remesas sin procedencia clara. Dicha agrupación política justificó una fracción de dicha cifra mediante un par de actos públicos: una recepción efectuada en diciembre de 2010 que supuestamente acopió cerca de US$119,750 y otra celebración paralela en el mismo mes por aproximadamente US$90,000. Desde el año 2014, el Ministerio Público argumenta que tales recepciones y sorteos resultaron insuficientes para sostener una campaña de semejante envergadura, operando tras bambalinas un esquema de contribuyentes fachada o fraccionamiento, donde diversos empresarios prestaban sus identidades para encubrir la verdadera fuente de los capitales. El Comercio consignó que el equipo legal de Fuerza Popular admitió judicialmente la existencia de colaboradores ficticios, si bien rechazó tajantemente que dicha práctica tipificara como lavado de activos.

Entre los aportantes señalados figuran Dionisio Romero (Credicorp), con unos US$3.65 millones, y Juan Rassmuss (Sudamericana de Fibras), según Resumen Latinoamericano. En febrero de 2019, Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, declaró ante fiscales peruanos que la constructora brasileña aportó US$1.2 millones a la campaña de 2011 a través de Jaime Yoshiyama, según RPP. La libreta de Marcelo Odebrecht, expuesta en 2017, incluía además una anotación sobre «aumentar Keiko», citada por El Comercio.

2. Caso Cócteles — financiamiento de la campaña 2016

La misma investigación se extendió a la campaña presidencial de 2016, en la que Fujimori perdió el balotaje frente a Pedro Pablo Kuczynski por un margen mínimo. Según Resumen Latinoamericano, en 2016 José Chlimper Ackerman, entonces secretario general de Fuerza Popular, habría recogido US$480,000 en cinco entregas, dinero cuyo destino final no quedó establecido en el expediente fiscal. Un reporte de la Fiscalía de Lavado de Activos de 2018 concluyó que el partido solo pudo justificar el 33% del dinero recaudado en conjunto para ambas campañas.

Conforme a la reconstrucción presentada por El Comercio, el despacho del fiscal José Domingo Pérez argumenta que tanto Fujimori como la cúpula de Fuerza Popular recurrieron al sistema de falsos aportantes durante el año 2016 para camuflar el origen del dinero. Por otro lado, tal como señala Epicentro, la lista de convocados incluyó al exlegislador Rolando Reátegui, quien decidió acogerse a la colaboración eficaz y detalló la manera en que consiguió donantes ficticios dentro de la región San Martín tras recibir indicaciones de la cúpula partidaria.

3. Detención preliminar y prisión preventiva (2018-2019)

A mediados de octubre de 2018, Fujimori sufrió una detención preliminar por un periodo de diez días a raíz de las pesquisas que la Fiscalía llevaba a cabo sobre un supuesto lavado de dinero relacionado con las rifas y eventos de Fuerza 2011, tal como informó RPP. Tiempo más tarde, el magistrado Richard Concepción Carhuancho avaló la solicitud del Ministerio Público para imponerle prisión preventiva bajo la premisa de un peligro de interferencia en las diligencias, lo que derivó en su reclusión en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos por un lapso superior a los 13 meses, según consignó La República. Conforme a la hipótesis que manejaba entonces la fiscalía, la política se encargaba de dirigir, guiar y articular las operaciones de una red ilícita al interior de su agrupación partidaria. Dicha resolución judicial se examinó posteriormente, permitiendo que Fujimori abandonara la cárcel, si bien quedó sujeta a diversas limitaciones legales —tales como comparecencia con restricciones y prohibición de abandonar el territorio nacional— mientras el expediente seguía su curso.

4. Juicio oral y acusación fiscal (2024-2025)

El juicio oral por el Caso Cócteles empezó el 1 de julio de 2024 contra Fujimori, su expareja Mark Vito Villanella y otras 44 personas, según Infobae. Se le acusó de organización criminal, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo. La fase de control de acusación, previa al juicio oral, había durado un año y nueve meses bajo el juez Zúñiga, con un expediente fiscal de más de 13 mil páginas, de acuerdo con El Comercio, que además detalla que la Fiscalía pidió 30 años y 10 meses de prisión para los exasesores Pier Figari y Ana Herz, y 22 años y 8 meses para Vito Villanella.

Conforme al mencionado documento, un testigo protegido indicó que Herz y Figari obtenían fondos de hombres de negocio que rehusaban aparecer en el registro oficial de donantes para los comicios de 2011. Por otro lado, la defensa legal de Fujimori argumentó a lo largo del juicio que el Ministerio Público no conseguiría demostrar la comisión del delito de blanqueo de capitales.

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5. Anulación del juicio por el Tribunal Constitucional (octubre 2025)

Mientras el juicio oral continuaba en octubre de 2025, el Tribunal Constitucional revocó el procedimiento que había arrancado en 2024. De acuerdo con lo publicado por La Válvula, el TC determinó que el Ministerio Público cometió reiteradas correcciones en su imputación que vulneraron las garantías procesales de los procesados. El fallo omitió pronunciarse respecto a la veracidad del financiamiento irregular, centrando su atención en las fallas de forma imputadas a la Fiscalía durante la fase de investigación.

6. Archivo definitivo del caso (enero 2026)

El archivo de los cargos de lavado de activos y organización criminal por los aportes de las campañas de 2011 y 2016 llegó en enero de 2026, por orden del Tribunal Constitucional, según La Válvula. Como reconstruye El Comercio, el TC sostuvo que en esos años el financiamiento irregular de partidos aún no era un delito autónomo —se tipificó recién en 2019— y que no se había probado la existencia de una organización criminal dentro del partido. Pedro Pablo Kuczynski ya se había beneficiado de la misma vía procesal: su caso por aportes de Odebrecht también se archivó en 2026, lo que llevó a Ollanta Humala, condenado por hechos similares y todavía en prisión, a reclamar públicamente.

Con este archivo se cierra, al menos en el ámbito penal, el proceso judicial que marcó la trayectoria política de Fujimori a lo largo de más de diez años.

7. Denuncia de fraude electoral sin sustento (2021)

Luego de caer en la segunda vuelta de 2021 ante Pedro Castillo por una diferencia mínima de 0.25 puntos porcentuales, Fujimori evitó aceptar el marcador en un principio, acusó un presunto fraude y promovió numerosos recursos para anular actas y sufragios, conforme a lo señalado por Wikipedia. El Jurado Nacional de Elecciones desestimó dichos recursos y declaró triunfador a Castillo el 19 de julio de 2021; solo en ese momento, Fujimori comunicó que aceptaría el desenlace.

Organismos internacionales de observación electoral, entre ellos la Organización de los Estados Americanos y la Unión Europea, concluyeron que los comicios habían sido limpios y competitivos, de acuerdo con La Válvula. No se documentó ninguna irregularidad que respaldara la denuncia de fraude a la escala necesaria para revertir el resultado.

8. Nombramiento de exinvestigados en su gobierno (septiembre 2026)

Tras asumir la presidencia, Keiko Fujimori designó el 16 de septiembre de 2026 a Arsenio Oré, José Chlimper Ackerman y Jaime Yoshiyama Tanaka dentro de una Comisión Consultiva del Despacho Presidencial, tal como informó La República. Por un lado, el Ministerio Público identificó a Yoshiyama como el receptor y encubridor de los fondos entregados por Odebrecht para la contienda electoral de 2011, según el testimonio de Jorge Barata. Por otro lado, Chlimper, quien ocupaba la secretaría general de la agrupación política en aquel periodo, afrontó pesquisas por los mismos ilícitos endilgados a Fujimori, tales como lavado de activos, organización criminal, falsedad genérica y falsa declaración. Vale destacar que los dos formaron parte del gabinete ministerial durante la administración de Alberto Fujimori.

Tras cerrarse el expediente del caso en enero de 2026, ninguno de los tres afronta actualmente acusaciones formales relacionadas con Cócteles; sin embargo, dicha designación ha vuelto a poner sobre la mesa los cuestionamientos en torno al vínculo entre la mandataria y el entorno vinculado al proceso que definió su trayectoria.

9. Choque con el Poder Judicial por su discurso en la ONU (septiembre 2026)

Ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el 22 de septiembre de 2026, Fujimori declaró: «derrotamos al terrorismo, pero lamentablemente aún hoy, después de 34 años, quienes asumieron esa misión siguen siendo procesados, pese a haberse demostrado que se vulneró el debido proceso», recogió Infobae. La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, rechazó «completamente» esa afirmación y recordó que en la lucha contra el terrorismo también fueron asesinados jueces, y que fue la judicatura la que condenó a Abimael Guzmán.

Fujimori no retrocedió: respondió que no iba a «callar» sobre «los errores del pasado», publicó Infobae. Fue el primer enfrentamiento público entre su gobierno y la cabeza del Poder Judicial.

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Apéndice: indagaciones abiertas sin imputación ni fallo

Dichas pesquisas continúan abiertas y todavía no se han traducido en cargos formales ni fallos judiciales. Se presentan únicamente a modo de antecedentes procesales y no como hechos probados. Tal como señala Gestión, a partir del momento en que asumió la jefatura del Estado, el artículo 117 de la Constitución restringe el progreso de los procesos judiciales en su contra mientras dure su gestión.

Indagación sobre las contribuciones de la campaña 2021

El 30 de septiembre de 2025 la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos formalizó una investigación preparatoria contra Fujimori, Luis Galarreta, Miguel Torres, Lidman Miranda y Fuerza Popular como persona jurídica, a quienes atribuye integrar una organización criminal para lavar activos a través de los aportes de la campaña de 2021, según RPP. El plazo es de 36 meses y el juez Wilson Verástegui dictó solo comparecencia simple.

Conforme a lo publicado por Infobae, la investigación del Ministerio Público contempla aportaciones ficticias cuya procedencia no ha sido declarada, la utilización de S/1.6 millones de financiamiento público para actividades proselitistas y la suma de S/1,258,708 reunida entre el 9 y el 30 de julio de 2021 con el propósito de cuestionar la victoria de Pedro Castillo. Diversos contribuyentes negaron haber efectuado los donativos que se les endilgan. Hasta el momento, no existe ni acusación ni condena.

Caso Alas Peruanas

Dentro de una indagación paralela al Caso Cócteles, la Fiscalía señala a Fujimori y a su antiguo colaborador Pier Figari como supuestos autores de lavado de activos agravado, utilizando fondos que presuntamente habrían provenido de la Universidad Alas Peruanas y del grupo vinculado a su fundador, Fidel Ramírez, progenitor del exsecretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez. Conforme a lo reportado por La República, la hipótesis del Ministerio Público abarca S/210,000 obtenidos durante 2011, S/54,536 transcurridos entre 2014 y 2015, sumado a un par de cesiones inmobiliarias situadas en Lima.

Aunque el 30 de abril de 2025 el Cuarto Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria había incorporado a Fuerza Popular como persona jurídica, una sala de apelaciones declaró luego ilegal esa incorporación y sacó al partido del proceso, informó Gestión. Para las personas naturales, la investigación sigue abierta y sin acusación.

Investigación por enriquecimiento ilícito (2026)

El 4 de febrero de 2026, semanas después de que se archivara el Caso Cócteles, trascendió que la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima inició una pesquisa contra Fujimori por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, de acuerdo con Infobae. El centro de las indagaciones abarca los US$3.6 millones en metálico que Dionisio Romero le habría otorgado entre noviembre de 2010 y mayo de 2011; el Ministerio Público señala que sus informes patrimoniales presentados en 2010 y 2011 en su calidad de congresista apenas sufrieron alteraciones a pesar de haber recibido dichos capitales.

A diferencia del caso archivado, centrado en el financiamiento partidario, esta investigación examina su patrimonio personal. Fue calificada como compleja, con un plazo inicial de ocho meses. No hay acusación.

Fuentes consultadas