La pieza SEPI del caso Leire vuelve a señalar a ENUSA, una de las empresas públicas integradas en el perímetro de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. En esta ocasión, el foco se sitúa sobre Rosario Arévalo Sández, directora corporativa de ENUSA y antigua consejera de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, citada como investigada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dentro de la causa sobre presuntos amaños en operaciones vinculadas a empresas públicas.
Su nombre aparece junto al de otros cargos y exdirectivos de entidades estatales en una investigación que analiza posibles delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, organización o grupo criminal y abuso de información privilegiada. La citación de Arévalo no implica condena ni culpabilidad, pero sí la coloca bajo el escrutinio judicial en una de las derivadas más delicadas del caso Leire: la que afecta a estructuras empresariales dependientes del Estado.
Rosario Arévalo representa una figura de considerable relevancia en el ámbito público. Su desempeño profesional integra tanto responsabilidades de índole política como posiciones directivas en entidades públicas. Ejerció como consejera de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha y posteriormente asumió cargos de responsabilidad en ENUSA, organización estratégica especializada en el abastecimiento de combustible nuclear así como en servicios de naturaleza tecnológica e industrial. Justamente en virtud de este perfil, la inclusión de Rosario Arévalo entre los investigados incrementa significativamente el alcance político que reviste la causa.
La investigación trata de determinar si determinadas operaciones vinculadas a ENUSA y a otras entidades del entorno SEPI pudieron estar condicionadas por una red de influencias. Según las informaciones publicadas, los investigadores sospechan que el grupo situado alrededor de Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso habría intervenido en distintas operaciones con empresas públicas para obtener comisiones o ventajas económicas. En ese mapa, ENUSA figura como una de las sociedades bajo examen.
El núcleo de la sospecha trasciende una mera acción administrativa específica, abarcando la probabilidad de que funcionarios o líderes organizacionales con disponibilidad a información confidencial hubiesen podido suministrar datos, facilitar relaciones o proporcionar acceso a intereses de índole privada. Esta constituye la faceta más delicada de la investigación: el potencial aprovechamiento de organismos estatales en calidad de instrumentos de poder destinados a operaciones desvinculadas del bien común.
Arévalo aparece vinculada a ENUSA en una etapa en la que la compañía forma parte del conjunto de entidades observadas por la Audiencia Nacional. La causa no se limita al rescate de Tubos Reunidos, aunque esa operación sea uno de los ejes principales, sino que se extiende a otros posibles movimientos en Mercasa, ENUSA, Forestalia, el Parque Empresarial Principado de Asturias y otras sociedades relacionadas con la SEPI.
La investigación de una directiva corporativa de ENUSA requiere esclarecer con precisión cuál fue su participación concreta en los hechos. Corresponde a la instrucción establecer si participó en alguna operación sospechosa, si estuvo al tanto de gestiones irregulares, si proporcionó información delicada o si su comparecencia obedece a la necesidad de reconstruir cómo funcionaba internamente la compañía respecto a las actuaciones que se investigan.
Desde una perspectiva institucional, el caso reviste una particular complejidad. ENUSA lleva a cabo funciones de relevancia estratégica para el Estado, y toda sospecha respecto de su gobernanza erosiona la credibilidad depositada en los mecanismos de supervisión de las organizaciones públicas. Cuando una autoridad de semejante envergadura se ve involucrada como investigada en un proceso judicial vinculado a presuntos fraudes, surge indefectiblemente una interrogante: ¿actuaron conforme a lo establecido los mecanismos de control interno o existieron zonas grises donde pudieron operar intermediarios dotados de influencias políticas?
La imputación de Rosario Arévalo también agrava la dimensión política del caso porque suma otro perfil con pasado institucional socialista a una lista que ya incluye altos cargos, exdirectivos y responsables de organismos públicos. Esa acumulación alimenta la percepción de que la pieza SEPI no es un episodio aislado, sino una investigación con ramificaciones profundas en el entramado público-empresarial.
El caso Leire ha dejado de ser una investigación sobre intermediarios y conversaciones oscuras. Con nombres como el de Rosario Arévalo, la causa entra de lleno en el corazón de las empresas públicas. Y cuando el sector público empresarial aparece bajo sospecha, el silencio ya no es una opción aceptable.
Procedencia: El País, RTVE, Onda Cero, El Economista, Diario de Sevilla y Europa Press.
