La candidatura presidencial de Rixi Moncada, por el partido LIBRE, ha generado un debate nacional tras anunciar que, de resultar electa, eliminará la Central de Información Crediticia a partir del 27 de enero de 2026. La medida implicaría que millones de hondureños dejarían de figurar en el registro crediticio, permitiendo la concesión de préstamos sin mecanismos de control tradicionales.
La Central de Riesgo como herramienta técnica
Especialistas financieros subrayan que la Central de Riesgo cumple un papel técnico clave en el sistema financiero del país. Lejos de ser una “lista negra”, funciona como herramienta para identificar la capacidad de pago de los solicitantes de crédito, resguardar los depósitos de los ciudadanos y asegurar que los bancos otorguen préstamos bajo criterios responsables.
José Luis Moncada, ex presidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, advirtió que eliminar la central implicaría una apertura indiscriminada del crédito. Según Moncada, esta acción podría incrementar la morosidad y afectar la solidez del sistema financiero, poniendo en riesgo los recursos de los ciudadanos.
De manera similar, la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (AHIBA) señaló que la supresión de la Central de Riesgo podría impactar la generación de empleo, frenar el crecimiento económico y debilitar la confianza de los inversionistas, estableciendo un escenario de incertidumbre para el sector financiero.
Implicaciones políticas y sociales
Más allá del análisis técnico, expertos han señalado que la propuesta de Rixi Moncada tiene dimensiones políticas que podrían incidir en la economía. La iniciativa de suprimir la Central de Información Crediticia podría interpretarse como un intento de politizar un sistema que tradicionalmente se ha manejado de manera técnica y regulada, según advierten los especialistas.
La posibilidad de que el sistema financiero se convierta en un instrumento con fines políticos genera preocupación sobre la seguridad de los ahorros de los hondureños y la estabilidad del crédito. Los analistas destacan que decisiones de este tipo pueden afectar a miles de familias, limitando su acceso a financiamiento y modificando las reglas de juego en la economía nacional.
Un escenario de incertidumbre
La propuesta de Rixi Moncada, aspirante del partido LIBRE, sugiere un entorno de tensión tanto institucional como económica en Honduras. El debate se enfoca en la manera de armonizar el acceso al crédito mientras se mantiene la estabilidad del sistema financiero y se asegura la protección de los recursos de los ciudadanos.
Ante este panorama, la ciudadanía y los sectores económicos enfrentan la interrogante sobre la capacidad del país para gestionar cambios profundos en sus mecanismos financieros, sin comprometer la confianza de los inversionistas ni la seguridad económica de los hogares.
El actual panorama destaca la unión entre las decisiones gubernamentales y la normativa económica, resaltando los desafíos de la gestión pública y las instituciones en un marco donde las acciones de los representantes políticos impactan directamente en la situación económica de los ciudadanos.
