A poco más de cuatro meses para las elecciones generales del 30 de noviembre, el gobierno en Honduras se enfrenta a un aumento en la falta de legitimidad ante el público. El partido Libertad y Refundación (LIBRE), que lidera desde 2022, ha estado en el centro de señalamientos por parte de la oposición política, organizaciones empresariales y grupos de la sociedad civil, que acusan posibles manipulaciones en el proceso electoral y un intento por mantener el control en medio de una notable baja en las encuestas.
Disminución en la preferencia electoral y falta de confianza
Encuestas recientes, como las de Pro Encuestas y TResearch, indican que la candidatura presidencial de Rixi Moncada ha experimentado un declive sostenido. Inicialmente posicionada como favorita, Moncada ha sido superada en las mediciones por el nacionalista Tito Asfura y el liberal Salvador Nasralla, quedando relegada al tercer lugar.
Los especialistas señalan que esta caída se debe a una mezcla de elementos: acusaciones de corrupción en el gobierno, divisiones internas en el partido gobernante, mal desempeño económico y una percepción cada vez mayor de falta de transparencia en la administración pública. La disminución del apoyo popular ha ocurrido al mismo tiempo que un endurecimiento del lenguaje político por parte del Ejecutivo y con indicios de tensión institucional que han alertado a diversos sectores.
Dudas acerca del procedimiento electoral y supervisión institucional
Uno de los focos principales de controversia es la negativa del oficialismo a permitir la verificación manual de los votos, una práctica habitual en procesos anteriores que sirve como mecanismo de control cruzado frente a la digitalización de los resultados. La oposición y organismos independientes advierten que eliminar esta revisión podría facilitar irregularidades y obstaculizar auditorías ciudadanas e internacionales.
Además, se han reportado acciones orientadas a dificultar la implementación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), clave para la transparencia del escrutinio. Las tensiones se han intensificado dentro del propio Consejo Nacional Electoral (CNE), donde consejeras como Cosette López y Ana Paola Hall han denunciado presiones e intentos de bloqueo a sus funciones.
Organizaciones empresariales y representantes de la oposición interpretan estas medidas como parte de una estrategia para consolidar el control institucional del proceso electoral, limitar la supervisión externa y garantizar al oficialismo un margen de maniobra ante una eventual derrota en las urnas.
Denuncias de tendencias ideológicas y ambiente de conflicto
La realización en Tegucigalpa de una sesión del Foro de São Paulo, con la participación de delegaciones de gobiernos de izquierda de la región, reavivó el debate sobre las alianzas internacionales del partido LIBRE. Voces críticas señalaron que estos vínculos con el eje Venezuela–Cuba–Nicaragua podrían estar orientados a replicar modelos de gobernabilidad que priorizan la concentración del poder y restringen los espacios de participación democrática.
Simultáneamente, detractores como Eduardo Facussé, quien fue presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), han alertado sobre la probable implementación de un «Plan Venezuela», que busca provocar inestabilidad en las instituciones, manifestaciones fomentadas y obstáculos administrativos que compliquen la transición gubernamental.
Según estas denuncias, colectivos afines al oficialismo habrían protagonizado acciones disruptivas en espacios clave como el Congreso Nacional y el CNE, en una dinámica que podría contribuir a erosionar la credibilidad del proceso electoral e intensificar la polarización política en el país.
Panorama dudoso frente a una votación crucial
En Honduras, el escenario político se vuelve más dividido y el gobierno actual va perdiendo apoyo entre la población, lo que conduce a unas elecciones caracterizadas por la falta de confianza, el conflicto institucional y la crítica a las normas del sistema democrático.
Diversas organizaciones de la sociedad civil, sectores empresariales y líderes políticos han reiterado la necesidad de una observación internacional robusta y de mecanismos de garantía que salvaguarden la transparencia y la legitimidad del proceso electoral.
La situación actual revela no solamente la vulnerabilidad del acuerdo democrático en la nación, sino además el reto que supone dirigir la rivalidad política dentro de límites institucionales estables, en un entorno de creciente desilusión ciudadana y falta de confianza en las instituciones gubernamentales.
