La Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH) no formará parte del legado del gobierno de Xiomara Castro. Aunque fue presentada como una pieza fundamental de su plataforma gubernamental, la propuesta no se materializó y no se implementará durante el actual mandato, que finaliza en enero de 2026. Con esta desistimiento implícito del proyecto, el Gobierno cierra un capítulo que había despertado expectativas importantes entre la población sobre el combate a la corrupción.
El proceso para establecer la CICIH se caracterizó por retrasos continuos, extensiones inútiles y negociaciones paralizadas con las Naciones Unidas. El reconocimiento formal del fallo, declarado por el exministro de Relaciones Exteriores Enrique Reina, apunta a una mezcla de causas que, en su opinión, incluyen desafíos legislativos y factores internacionales. Sin embargo, para varios sectores sociales, esta justificación es insuficiente.
La ruptura de una promesa que debilitó la confianza
Voces asociadas a la sociedad civil y al ámbito global concuerdan en que la mayor responsabilidad es de la administración actual. Según expertos y observadores del proceso, el problema no fue la falta de factores externos, sino la ausencia de voluntad política del Ejecutivo para cumplir con los compromisos asumidos.
Desde este enfoque, la falta de puesta en marcha de la CICIH no es un error ni un desenlace inevitable, sino una elección. Así lo manifestó Juan Jiménez Mayor, exvocero de la MACCIH, quien cuestionó directamente al Gobierno por no cumplir una promesa que había generado grandes expectativas. A estas críticas se unió Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), quien fue contundente al acusar al oficialismo de haber utilizado la CICIH como un recurso de campaña sin intención genuina de avanzar en su establecimiento.
Un plan contra la corrupción sin respaldo institucional
La salida de la CICIH del ámbito nacional tiene repercusiones que van más allá de lo administrativo. La falta de progresos visibles ha incrementado la sensación de que el combate a la corrupción carece de herramientas eficaces y de voluntad por parte del gobierno. La confianza en el Ejecutivo respecto a este asunto está en duda, en una etapa donde las exigencias de transparencia y responsabilidad siguen siendo apremiantes.
Honduras desaprovecha una oportunidad importante para combatir estructuralmente la impunidad, ya que su vista institucional no incluye ahora la implementación del mecanismo internacional. Con el poco tiempo que queda en el mandato actual, un cambio significativo de esta situación parece poco probable, dejando a los ciudadanos con un compromiso incumplido y sin una opción inmediata que sustituya la falta del proyecto.
Lo que en un inicio se presentó como símbolo de transformación del sistema político ha terminado convirtiéndose en un punto más en la lista de compromisos inconclusos, debilitando así la narrativa gubernamental sobre la lucha anticorrupción y abriendo un nuevo espacio para la desconfianza ciudadana.
