El estado de la libertad de prensa en Honduras ha ganado notable importancia en tiempos recientes, reflejado en un aumento de situaciones de violencia, intimidaciones e impunidad hacia periodistas y medios. Distintos reportes y datos oficiales han revelado un ambiente cada vez más agresivo para el trabajo periodístico, donde la presión tanto institucional como económica se suma a actos directos de amedrentamiento y campañas de difamación.
En este entorno, los periodistas de Honduras han lidiado con peligros físicos y campañas de descrédito público y persecución legal, lo cual ha afectado la autonomía de los medios y ha suscitado inquietud tanto dentro como fuera del país. La reacción de la sociedad civil y de las entidades defensoras de derechos humanos ha sido mantenerse alertas y solicitar el resguardo de los derechos esenciales.
Riesgos, agresiones y falta de justicia para los periodistas
Desde 2001 hasta el final de 2024, más de cien periodistas y comunicadores han sido asesinados en Honduras, con un índice de impunidad que excede el 90 %. Las amenazas, hostigamientos y restricciones en el ámbito digital se han establecido como las formas más comunes de violencia, afectando tanto a periodistas independientes como a diferentes medios de comunicación a lo largo del país. En años recientes, se han registrado ataques a 64 medios, lo que evidencia patrones continuos de persecución y criminalización.
Las dificultades económicas que enfrentan los medios han afectado su funcionamiento y autonomía editorial, llevando a algunos a disminuir sus operaciones o incluso a cesar. La persecución judicial y la escasez de recursos han contribuido significativamente a esta fragilidad. Entidades internacionales han colocado a Honduras entre las naciones con ambientes más desfavorables para el periodismo en América Latina, ubicándolo en lugares bajos en los rankings mundiales de libertad de prensa.
En este contexto, tanto entidades nacionales como internacionales han exhortado al gobierno de Honduras a asegurar la protección de los periodistas y a mantener el respeto por la libertad de expresión, viéndolos como componentes fundamentales para la democracia y el estado de derecho.
Campañas institucionales y respuesta social
En mayo de 2025, las Fuerzas Armadas de Honduras realizaron una campaña mediática enfocada en periodistas críticos, usando su medio oficial para desacreditar a comunicadores reconocidos. En una edición reciente de su publicación institucional, dedicaron varias páginas a mencionar a tres periodistas, incluyendo acusaciones con fotos y términos que los señalaban como adversarios del Estado, sin ofrecer pruebas sólidas.
Este acontecimiento provocó una respuesta rápida por parte del gremio periodístico y las organizaciones de derechos humanos, quienes repudiaron la campaña al considerarla un ataque institucional sin precedentes desde los niveles más altos del poder militar y gubernamental. La comunidad de periodistas junto con varios sectores de la sociedad hondureña ha sostenido una posición de alerta, demandando claridad y respeto a los derechos fundamentales, así como el fin de cualquier tipo de intimidación hacia la prensa independiente.
El caso del periodista Rodrigo Wong Arévalo, señalado en un comunicado de la Secretaría de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas, ha concentrado la atención pública y generado muestras de solidaridad por parte de organizaciones nacionales e internacionales. El comunicado, considerado intimidatorio, respondía a declaraciones de Wong Arévalo sobre presuntas irregularidades en la transferencia de fondos públicos. Diversos sectores han recordado que la labor de informar y fiscalizar a las instituciones es un pilar esencial de la democracia.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha solicitado al Estado evitar declaraciones que puedan intimidar de manera directa o indirecta a reporteros y medios, resaltando el deber estatal de resguardar la libertad de pensamiento y expresión. Este tipo de situaciones ha sido visto como un esfuerzo por restringir el trabajo informativo y crítico del periodismo nacional, lo cual ha aumentado la inquietud sobre el uso del poder estatal para reducir el ejercicio periodístico en Honduras.
