La introducción de la Ley de Justicia Tributaria en Honduras ha ocasionado un ambiente de duda que impacta tanto a los inversores locales como internacionales. Este proyecto, promulgado por las autoridades, ha causado el freno de inversiones significativas, el abandono de expansiones corporativas y el movimiento de operaciones hacia otras naciones centroamericanas, donde las normativas son vistas como más confiables y estables. El sector empresarial de Honduras afirma que los ajustes fiscales inesperados y sin consultas intersectoriales han creado un clima de negocios incierto, lo que complica la planificación estratégica y detiene iniciativas de gran magnitud que son cruciales para el desarrollo sostenido del país.
El ámbito productivo del país señala que quitar las exoneraciones y beneficios fiscales establecidos en la legislación podría debilitar uno de los pilares esenciales de la economía de Honduras. Tanto empresarios como expertos económicos están de acuerdo en que esta acción podría resultar en una salida de capitales, un retiro gradual de inversiones y un empeoramiento del ambiente de negocios, impactando de manera directa la competitividad y la creación de empleo formal en sectores clave como la agroindustria, el turismo, la manufactura, la construcción y la tecnología.
Efectos de la inestabilidad fiscal sobre la inversión y el empleo
Los cambios fiscales repentinos han provocado efectos inmediatos, como el traslado de operaciones a países cercanos, la paralización de inversiones en los sectores industrial, logístico y tecnológico, y la anulación de iniciativas energéticas, turísticas y agrícolas que podrían haber creado miles de empleos. Honduras ha visto una disminución en las clasificaciones de competitividad e inversión extranjera, lo que incrementa la percepción de que el país está enviando señales desfavorables al mercado global. Aunque el gobierno afirma que la normativa tiene como objetivo la equidad fiscal, expertos señalan que los costos ocultos de esta situación superarán a cualquier ingreso adicional previsto, puesto que el capital suele preferir lugares más seguros y acogedores.
Por su parte, suprimir los incentivos fiscales, que tradicionalmente se empleaban para captar inversión extranjera directa, lleva a un gradual retiro de recursos, la anulación de iniciativas de crecimiento empresarial y la falta de interés en nuevas inversiones internacionales. Este deterioro en el ambiente empresarial impacta especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), que generan más del 70 % de los puestos de trabajo en el país y que tendrían que afrontar nuevas obligaciones fiscales sin apoyo técnico ni consulta con múltiples sectores.
Llamado a una reforma tributaria balanceada y dialogada
Frente a este panorama, los sectores productivos han solicitado al Congreso Nacional que rechace la ley en su forma actual y convoque a un diálogo técnico y multisectorial. Consideran fundamental diseñar una reforma tributaria balanceada que no destruya la inversión ni los empleos, sino que consolide a Honduras como un destino confiable para invertir y generar oportunidades. La ausencia de estabilidad jurídica y reglas claras ha sido identificada como el principal obstáculo para recuperar la confianza empresarial y atraer nuevos proyectos de desarrollo.
La amenaza de poner en peligro al segmento privado, en particular a las MIPYMES, es un tema fundamental, dado que estas compañías forman el pilar del empleo en la nación. La implementación de nuevas obligaciones fiscales sin el apropiado apoyo técnico podría hacer aún más complicado el mantenimiento de estos negocios y reducir la habilidad de Honduras para competir en la zona. El país se halla, por consiguiente, en una situación crítica entre establecerse como un lugar atractivo para la inversión o seguir un modelo que limite la producción y la inversión.
