La credibilidad de las Fuerzas Armadas de Honduras como garantes del proceso electoral ha sido objeto de un intenso debate público tras las elecciones primarias celebradas el 9 de marzo de 2025. Diversos sectores sociales y partidos de oposición han manifestado su preocupación por una serie de irregularidades logísticas, particularmente en la distribución del material electoral en ciudades clave como Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde se reportaron demoras de hasta doce horas en la entrega de las maletas electorales. Esta situación generó largas filas de votantes, protestas ciudadanas y un ambiente generalizado de frustración, evidenciado tanto en los centros de votación como en las redes sociales, donde circularon imágenes y testimonios sobre la falta de material y la escasa presencia de personal en las mesas receptoras.
El Tribunal Nacional Electoral (CNE) admitió públicamente los inconvenientes en la entrega, debido a modificaciones de último minuto en los medios de transporte, sustituyendo camiones por autobuses, lo cual alteró la coordinación y el seguimiento del programa. Aunque el CNE hizo esfuerzos por manejar la situación y encontrar las urnas perdidas, el malestar continuó, sobre todo en la capital, donde la ampliación del tiempo de votación no logró cumplir con las necesidades de los ciudadanos que aguardaban para ejercer su derecho al sufragio.
Cuestionamientos al rol de las fuerzas armadas en el proceso electoral
En este marco, el Ejército reafirmó su compromiso con la democracia y la transparencia en las elecciones, asegurando que seguirían el calendario establecido por el CNE. El Ejecutivo, a su vez, otorgó un apoyo total a los militares, subrayando su rol en la seguridad y organización del proceso electoral. No obstante, la presidenta del CNE, Cossette López, indicó que las Fuerzas Armadas no asumieron la responsabilidad por los atrasos y denunció haber recibido insultos del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández. Esta disputa institucional entre el CNE y el Ejército aumentó las inquietudes sobre la imparcialidad y la eficiencia del proceso electoral planeado para noviembre de 2025.
El marco legal de Honduras, en particular el artículo 272 de la Constitución, asigna a las Fuerzas Armadas la tarea de asegurar la alternancia en el poder y de custodiar, transportar y vigilar los materiales electorales, en colaboración con el CNE. No obstante, hay restricciones claras para los miembros de las Fuerzas Armadas, como intervenir en las funciones de las Juntas Receptoras de Votos, influir en el sentido del voto, involucrarse en actividades partidarias, o retrasar sin motivo el traslado del material electoral. A pesar de estas limitaciones, la estructura institucional actual coloca a los militares como guardianes de la democracia, una situación poco común a nivel internacional y que, según ciertos análisis, refleja la fragilidad y baja calidad democrática del país.
Iniciativas de cambio y discusión sobre el rol de las fuerzas armadas
Ante los recientes acontecimientos, se han intensificado las propuestas de reforma constitucional para limitar o eliminar el papel de las Fuerzas Armadas en los procesos electorales. El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos ha planteado la necesidad de transferir las atribuciones electorales a autoridades civiles, argumentando que los procesos electorales deben ser manejados exclusivamente por estas entidades. De igual manera, el diputado Ramón Barrios del Partido Libertad y Refundación (Libre) presentó una moción para reformar el artículo 272 de la Constitución, buscando restringir el rol militar en temas electorales y fortalecer la institucionalidad civil. Sin embargo, esta iniciativa ha generado reacciones encontradas, incluso dentro de su propio partido y entre sectores de la oposición, quienes interpretan la propuesta como un intento de concentración de poder por parte del oficialismo.
La discusión acerca del papel de los militares en los procesos de votación ha sido impulsada por la idea de que la independencia del CNE podría estar en peligro y debido al historial de intervenciones de las fuerzas armadas en la política de Honduras. Entidades como el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) han propuesto que la reforma del artículo 272 debería ir acompañada de una redefinición más completa de las funciones del ejército, estableciendo límites claros a sus responsabilidades y reforzando el control civil sobre las fuerzas armadas. Las sugerencias también incluyen el fortalecimiento del Ministerio de Defensa y la revisión de la Comisión Legislativa de Defensa Nacional, con la finalidad de lograr un control democrático más eficaz y disminuir la influencia militar en los asuntos políticos.
La discusión sobre el rol de las Fuerzas Armadas en las elecciones de Honduras continúa siendo un tema central en la agenda política, con llamados a reformas que aseguren la independencia y transparencia del proceso electoral. La confianza en la integridad del sistema electoral es considerada fundamental para la estabilidad democrática del país y el debate actual refleja la necesidad de fortalecer las instituciones civiles y garantizar elecciones libres y transparentes.
