En Honduras, la discusión sobre el rol de las Fuerzas Armadas durante los procesos electorales ha ganado importancia después de varios sucesos que han creado polémica y escepticismo. Un reporte de revisión interna del Consejo Nacional Electoral (CNE) culpó a las Fuerzas Armadas por errores de logística durante las elecciones primarias, a la vez que el desarme específico de algunos oficiales ha levantado dudas sobre la imparcialidad de la institución castrense.
Frente a esta situación, el jurista y experto en derecho constitucional Julio César Barrientos ha defendido una modificación a la Constitución que retire a los militares de cualquier rol en las elecciones, alegando que su intervención pone en riesgo la claridad y justicia del procedimiento.
Reporte del CNE y críticas al papel de las fuerzas armadas en comicios
El reporte de auditoría del CNE destacó importantes fallos en la adherencia al protocolo logístico por parte de las Fuerzas Armadas durante las elecciones primarias. Se detectaron desvíos injustificados de rutas, detención de vehículos de transporte electoral, entrega parcial de recursos tecnológicos en áreas rurales y falta de coordinación entre autoridades militares y organizadores electorales. Estas fallas ocasionaron demoras en la apertura de los centros de votación y sembraron incertidumbre sobre la claridad del proceso. La ausencia de reacción por parte de los altos mandos militares y del gobierno ante estas denuncias ha incrementado la desconfianza.
Ante esta situación, los partidos de oposición han solicitado una revisión del acuerdo entre el CNE y las Fuerzas Armadas, la intervención de observadores internacionales y auditorías externas al sistema de transmisión de resultados. En este escenario, el abogado Barrientos ha descrito como «antigua, peligrosa y manipulable» la disposición constitucional que asigna a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de proteger las urnas, distribuir el material electoral y apoyar logísticamente al CNE. Barrientos sostiene que la intervención militar en procesos cívicos compromete la imparcialidad institucional y permite presiones políticas y fraudes.
Iniciativa de enmienda constitucional y malestar en las fuerzas armadas
Barrientos sugiere una enmienda a la Constitución para que las funciones electorales sean trasladadas a una Dirección Técnica de Elecciones bajo la supervisión del CNE, compuesta por personal civil, con formación especializada y absoluta transparencia. Esta iniciativa pretende actualizar y proteger los procedimientos electorales de cualquier intervención militar. La propuesta de Barrientos forma parte de un movimiento cada vez más amplio que demanda comicios civiles, sin participación militar.
Sin embargo, la controversia no se limita a las fallas logísticas y la propuesta de reforma constitucional. La decisión del Estado Mayor Conjunto de desarmar selectivamente a varios oficiales de las Fuerzas Armadas ha generado preocupación en diversos sectores. Según fuentes militares y denuncias, el desarme no se estaría aplicando de manera general, sino exclusivamente a oficiales que han manifestado posiciones independientes o críticas hacia el oficialismo. Esta medida ha sido interpretada como un intento de purga silenciosa dentro del estamento militar, lo que ha generado tensión y descontento entre oficiales de mediano y alto rango.
El miedo predominante entre los dirigentes de la oposición es que, frente a una eventual derrota del partido gobernante en las elecciones, el gobierno intente recurrir a las Fuerzas Armadas para no aceptar los resultados o sofocar protestas. Estos sucesos han aumentado las sospechas sobre la dirección del gobierno y la posible influencia sobre las fuerzas militares.
